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El Fiscal General del Estado representa una de las figuras más importantes dentro del sistema de justicia en Ecuador actualmente. Por esta razón, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) anunció que arrancaron las inscripciones para postular a este alto cargo administrativo.
Este miércoles 18 de febrero de 2026 marcó el inicio del plazo legal para los postulantes interesados. Los profesionales del Derecho cuentan con pocos días término para consignar su documentación completa ante las autoridades pertinentes.
Requisitos para el nuevo Fiscal General del Estado
La normativa vigente exige condiciones fundamentales para quienes deseen liderar la Fiscalía General del Estado (FGE) próximamente.
Los aspirantes necesitan acreditar la nacionalidad ecuatoriana y mantener el pleno goce de todos sus derechos políticos.
Además, el reglamento solicita obligatoriamente un título profesional de tercer o cuarto nivel registrado legalmente. Esta formación académica garantiza que el futuro titular posea los conocimientos técnicos requeridos para dirigir las investigaciones penales.
Documentación exhaustiva y probidad del aspirante
El proceso de selección para el cargo de Fiscal General del Estado demanda la entrega de 21 documentos específicos. Tales certificados avalan la experiencia laboral y la probidad notoria de cada ciudadano participante en la lid.
Ciertamente, entre la documentación exigida constan formularios de postulación y declaraciones de conflicto de intereses. Asimismo, los candidatos deben demostrar que carecen de obligaciones en mora con el SRI, el IESS, la Contraloría y el Ministerio del Trabajo.
En consecuencia, se requiere información detallada de la UAFE y del Consejo de la Judicatura para avanzar satisfactoriamente. Estos reportes sirven para descartar sanciones disciplinarias o procesos judiciales pendientes que afecten al futuro Fiscal General del Estado.
Las carpetas de los aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado se recibirán hasta el 3 de marzo próximo, exclusivamente en la sede del CPCCS en Quito, en horario de 08:30 a 17:00.
Prohibiciones e inhabilidades en el concurso
Por otro lado, la transparencia resulta vital durante la elección para evitar cualquier tipo de cuestionamientos sociales posteriores.
El reglamento prohíbe la participación de personas con contratos vigentes con el Estado o deudas tributarias sin cancelar.
Efectivamente, tampoco califican quienes posean capitales en paraísos fiscales o registren alguna sentencia ejecutoriada por delitos previos. Estas medidas aseguran que la máxima autoridad judicial mantenga una conducta ética irreprochable durante sus seis años de gestión.
Asimismo, contar con una sentencia ejecutoriada es un impedimento insubsanable para cualquier aspirante al cargo.
Fase de revisión y Comisión Ciudadana
Una vez que el plazo expire el próximo 3 de marzo, una Comisión Ciudadana integrada por 10 personas entrará en una fase de revisión.
Este grupo será el encargado de verificar la veracidad de los expedientes y garantizar que ningún candidato esté incurso en prohibiciones. El objetivo principal es asegurar la legalidad antes de dar paso a la fase de méritos y oposición.
Finalmente, las carpetas aprobadas darán paso a la etapa de selección pública nacional de forma inmediata.
