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La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, comenzó los procedimientos el decomiso definitivo del petrolero ‘Skipper’, incautado en diciembre del año pasado, así como de 1,8 millones de barriles de crudo venezolano suministrados por Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), presuntamente vinculados con Irán.
«El ‘Skipper’ y su cargamento son confiscables», asegura el FBI en su petición ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, «por constituir una fuente de influencia sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)».
Petróleo iba a «regímenes delincuentes»
La denuncia de decomiso alega un plan, entre al menos 2021 y la actualidad, para facilitar el envío y la venta de productos petrolíferos en beneficio de la Guardia Revolucionaria. «Durante este tiempo, el ‘Skipper’ transportó petróleo crudo desde Irán y Venezuela y, mediante transferencias de barco a barco, lo entregó a diversos lugares del mundo, incluyendo a otros regímenes delincuentes«, según la demanda del FBI.
Más recientemente, en noviembre de 2025, el ‘Skipper’ cargó aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo de origen venezolano en la Terminal José de Venezuela. Aproximadamente 1,1 millones de barriles del cargamento de crudo del petrolero, según el FBI, debían entregarse a Cubametales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo sancionada en julio de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC).
La incautación del ‘Skipper’
El 10 de diciembre de 2025, las fuerzas del orden de Estados Unidos incautaron el ‘Skipper’ en alta mar, en cumplimiento de una orden de incautación autorizada judicialmente.
En ese momento, el petrolero alegaba una falsa bandera guyanesa, lo que lo convertía en apátrida. El ‘Skipper’ y su cargamento fueron posteriormente transportados a aguas frente a la costa de Texas.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto regímenes que representan una clara amenaza para Estados Unidos ha terminado», manifestó la fiscal general del país, Pam Bondi.
