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Milena M., Madeleine A., Kerly L., y Braulio C., fueron procesados por el delito de secuestro extorsivo. Los detenidos presuntamente integraban una organización delictiva dedicada al secuestro extorsivo en Guayaquil, provincia de Guayas.
La investigación, iniciada hace más de un año tras la liberación de una víctima a cambio de 3.000 dólares y un vehículo, culminó con detenciones el sábado 7 de marzo en un operativo conjunto con la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase).
El juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para dos procesados y medidas alternativas —presentaciones periódicas y prohibición de salida del país— para las otras dos, por ser madres de bebés en período de lactancia materna.
Operativo y detenciones
Las detenciones se ejecutaron la madrugada del 7 de marzo de 2026 durante un operativo liderado por la Fiscalía, en coordinación con la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional. Se cumplieron órdenes de allanamiento y detención en la ciudad de Guayaquil, donde se incautaron varios teléfonos celulares como indicios materiales.
El fiscal del caso detalló que la investigación se activó hace más de un año, luego de que los procesados liberaran a una víctima de secuestro extorsivo tras recibir 3.000 dólares de sus familiares y apropiarse de un vehículo.
Durante el cautiverio, los implicados realizaron múltiples llamadas telefónicas para negociar las condiciones de liberación, lo que permitió aplicar técnicas especiales de investigación: seguimientos, interceptación de comunicaciones y escuchas telefónicas autorizadas.
Prisión preventiva
l concluir la diligencia, el juez de Garantías Penales acogió parcialmente la solicitud de la Fiscalía: dictó prisión preventiva para dos de los procesados por riesgo de fuga y obstaculización de la investigación. Para las dos mujeres restantes aplicó medidas sustitutivas, considerando su condición de madres lactantes y la necesidad de cuidado de sus bebés, lo que incluye presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días, período en el que se recopilarán pruebas adicionales para sustentar la acusación por el delito de secuestro extorsivo, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con penas que pueden superar los 10 años de privación de libertad, agravadas por la participación organizada.
