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La Fiscalía General del Estado formuló cargos el 12 de marzo de 2026 contra Carlos Daniel J. M. y Steven Adrián O. J., presuntos miembros del grupo armado organizado Los Lobos, por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego.
La aprehensión ocurrió durante un operativo del Bloque de Seguridad y la Policía Nacional en un inmueble de la vía Puerto Inca-Naranjal, cantón Naranjal, provincia de Guayas, con el propósito de desarticular depósitos de armamento empleado en robos, asaltos y extorsiones contra ciudadanos y comerciantes locales.
En el allanamiento se incautaron un fusil, un subfusil, dos pistolas calibre 9 mm, dos revólveres calibre .36 y 80 municiones sin percutir de calibres .223, 5.56 y 9 mm; una jueza de garantías penales dictó prisión preventiva para ambos tras la audiencia de flagrancia.
Ejecución de operativo
El operativo se ejecutó en la vía Puerto Inca-Naranjal, donde agentes allanaron una vivienda que, según inteligencia policial, funcionaba como sitio de almacenamiento y mantenimiento de armas. En una habitación se localizó a uno de los procesados; en otra, al segundo, junto a un teléfono celular y dinero en efectivo.
Los aprehendidos manifestaron que habrían sido contratados para custodiar y dar mantenimiento al armamento, el cual -según su versión- fue trasladado desde Guayaquil en un vehículo Chevrolet que permanecía estacionado en la propiedad. Las evidencias (armas, municiones y vehículo) ingresaron en cadena de custodia de la Policía Judicial para peritajes balísticos y científicos.
Audiencia de flagrancia
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal presentó como elementos de convicción el parte informativo policial, el acta de aprehensión, las versiones de los agentes intervinientes y las evidencias incautadas.
La jueza de garantías penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los dos procesados, considerando el riesgo de fuga, obstrucción y la gravedad del delito. La instrucción fiscal tiene un plazo de 30 días para recabar más elementos, incluyendo pericias técnicas que determinen si las armas están vinculadas a hechos delictivos recientes en la zona.
