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La Audiencia Oral Única de Prueba y Alegatos correspondiente a la causa 575-2025-TCE, impulsada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra varios dirigentes de la Revolución Ciudadana, comenzó a las 11h04 y finalizó a las 14h24 este viernes 13 de marzo. La sesión se desarrolló en el Tribunal Contencioso Electoral sin que se emitiera resolución alguna. Asistió Luisa González, quien ejerció como expresidenta del movimiento.
La acusación, formulada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se centra en la supuesta entrega incompleta o errónea de los reportes financieros de la campaña electoral de las elecciones anticipadas de 2023.
En el transcurso de la diligencia, el juez Guillermo Ortega indagó sobre la inasistencia del tesorero Santiago Díaz, quien permanece en prisión preventiva por una investigación separada relacionada con la presunta violación de una menor.
Argumentos presentados por el Consejo Nacional Electoral
Betty Báez, actuando en representación de Atamaint, explicó que los acusados recurrieron a todas las instancias legales a su alcance. Sin embargo, no consiguieron corregir las observaciones formuladas por el organismo electoral respecto al manejo económico de la campaña. La ley establecía un plazo de 90 días posteriores al sufragio del 20 de agosto de 2023 —hasta el 18 de noviembre— para la presentación de informes.
De acuerdo con diario Expreso, los dirigentes entregaron documentación el 17 de noviembre y obtuvieron una extensión de 15 días adicionales debido a 13 observaciones pendientes. El 20 de febrero de 2026, el CNE notificó formalmente la obligación de subsanar las anomalías restantes. Según la representante legal, únicamente se corrigieron tres de las 13.
«Incumplieron y su conducta está tipificada en el artículo 281, numeral 1 del Código de la Democracia»
Betty Báez
Sanciones establecidas en la normativa electoral
El artículo 281, numeral 1 del Código de la Democracia prevé sanciones para los responsables económicos y las organizaciones políticas que omitan presentar informes completos sobre cuentas, monto de aportes, origen, listado de contribuyentes con identificación plena y respaldos de ingresos y egresos.
Las penalidades incluyen multas de 20 a 70 salarios básicos unificados, suspensión de derechos políticos por dos a cuatro años y, eventualmente, la cancelación de la inscripción del movimiento.
Entre los denunciados figuran Luisa González, en calidad de representante legal y candidata presidencial; Andrés Arauz, como candidato; Estefanía Molina, encargada del manejo económico, y Santiago Díaz, jefe de campaña. El CNE detectó inconsistencias en las conciliaciones bancarias, en la recepción de contribuciones y aportes, así como la apertura tardía del RUC y de la cuenta bancaria.
Réplica de la defensa y conclusión de la diligencia
A partir de las 12h29, Víctor Hugo Agila Mora, abogado de Luisa González y del movimiento, refutó las pruebas presentadas y objetó su validez en su totalidad. Argumentó que el CNE se limitó a actos administrativos sin demostrar las infracciones atribuidas a sus representados.
Tras un breve receso, el juez Guillermo Ortega declaró concluida la audiencia a las 14h24. El proceso sigue en trámite en el Tribunal Contencioso Electoral a la espera de una decisión definitiva.
