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Deivys Patricio Ll., Ch., le dictaron prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas. La tarde del martes 10 de marzo de 2026, en un inmueble ubicado en las calles Mariana de Jesús y Pedro Bedón, en el centro de Riobamba, provincia de Chimborazo, Ecuador, agentes de la Policía ejecutó una orden de allanamiento que resultó en una detnción.
El detenido es presunto responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en alta escala. El allanamiento fue motivado por labores de inteligencia ante denuncias ciudadanas sobre almacenamiento y distribución de drogas en la zona.
Operativo policial
El procedimiento se enmarcó en las operaciones «Cero Impunidad 6837 y 6879», orientadas a combatir el acopio y expendio de estupefacientes en respuesta a alertas comunitarias. Tras semanas de seguimiento autorizado judicialmente, se intervino el inmueble señalado.
En uno de los dormitorios del lugar —utilizado por el procesado— se localizaron sustancias de color verde y beige, dos balanzas digitales de precisión y varios teléfonos celulares como indicios adicionales.
El pesaje oficial y la prueba de identificación preliminar homologada (PIPH) determinaron la presencia de 2 kilos 647 gramos de marihuana (equivalentes a aproximadamente 5.294 dosis). Además, de 1 kilo 728 gramos de clorhidrato de cocaína , sumando más de 4,375 kilogramos de drogas. El sospechoso fue aprehendido inmediatamente en flagrancia, respetando los protocolos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Audiencia
El 13 de marzo de 2026, en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados: autorización judicial para vigilancia, informe policial investigativo, informe de verificación-pesaje-análisis químico.
Tras la sustentación, el juez de turno acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva como medida cautelar, considerando el volumen de las sustancias, el riesgo de fuga y la posible obstaculización de la investigación. Asimismo, ordenó el inicio de la instrucción fiscal con duración de treinta días, plazo estándar para casos flagrantes.
