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Aquiles Alvarez no obtuvo el traslado hacia un centro carcelario en Quito que pedía su defensa.
El Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado rechazó este sábado 14 de marzo de 2026 la solicitud presentada durante la audiencia de juzgamiento del Caso Triple A, el proceso judicial más complejo que enfrenta el alcalde de Guayaquil.
La decisión mantiene al funcionario recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, mientras el juicio avanza entre obstáculos logísticos y cuestionamientos al debido proceso.
El abogado Ramiro García Falconí, quien lidera la defensa del alcalde, argumentó que el aislamiento del centro penitenciario y las fallas tecnológicas impiden una comunicación fluida entre el procesado y su equipo legal durante las diligencias.
García Falconí sostuvo que estas condiciones vulneran el derecho a la defensa, garantía fundamental dentro del sistema procesal penal ecuatoriano.
El tribunal escuchó los argumentos, pero los magistrados no encontraron méritos suficientes para ordenar el traslado.
El tribunal emite disposiciones para garantizar el debido proceso
A pesar del rechazo al traslado, los magistrados dictaron cuatro disposiciones críticas que buscan preservar las garantías procesales de todos los acusados.
El juez ponente ordenó al SNAI y al director del centro carcelario informar de inmediato los horarios disponibles para que los abogados puedan visitar físicamente a sus clientes. La audiencia no se reanudará hasta que el tribunal verifique el cumplimiento de esta medida.
Por otra parte, los magistrados solicitaron al Consejo de la Judicatura un informe técnico para determinar si operadores del sistema filtraron o transmitieron la conversación privada entre el procesado César Bravo y su abogado.
De confirmarse, este hecho constituiría una violación grave a la confidencialidad entre cliente y defensor, lo que podría afectar la validez de actuaciones procesales anteriores.
Aquiles Alvarez enfrenta un juicio paralizado por problemas de conectividad
La audiencia programada para el domingo 15 de marzo quedó sin efecto, tras la acumulación de pendientes que el tribunal debe resolver antes de retomar el juzgamiento.
Además, el tribunal fijó un plazo: la Fiscalía General del Estado deberá entregar la lista de sus testigos con al menos 48 horas de anticipación antes de la reinstalación del juicio. Esta medida busca garantizar que la defensa cuente con tiempo suficiente para preparar la contradicción probatoria.
Aquiles Alvarez permanece en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, donde los problemas de conectividad generaron interrupciones reiteradas en el desarrollo del juicio oral.
Los magistrados reconocieron que las condiciones del centro afectan el normal avance del proceso, aunque optaron por medidas correctivas en lugar de ordenar el traslado solicitado por la defensa.
Qué acusaciones enfrenta Aquiles Alvarez en el Caso Triple A
En el marco del Caso Triple A, Aquiles Alvarez y otros 21 procesados responden por la presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados.
La investigación apunta a una red que habría desviado hidrocarburos destinados a sectores estratégicos hacia fines comerciales ilícitos, con un perjuicio millonario para el Estado ecuatoriano. Este esquema involucra a personas vinculadas a distintos sectores económicos y administrativos del país.
El proceso judicial se encuentra en la etapa de presentación de pruebas, considerada una de las fases más determinantes del juicio oral.
Los problemas logísticos y de conexión desde la cárcel de Santa Elena dilataron el calendario procesal en múltiples ocasiones. El tribunal enfrenta el reto de equilibrar la celeridad procesal con las garantías constitucionales de los acusados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
