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Tras recorridos sorpresa en centros de salud y ante las quejas por el estado de las vías y las inundaciones, la gobernadora Aurora Valle fue parte de una entrevista de Manavisión Plus para responder por la falta de insumos médicos y la coordinación con los GAD. Con un discurso crítico hacia la burocracia y la «corrupción enquistada», la representante del Ejecutivo detalló las acciones de control que lidera en territorio.
-Empecemos este diálogo conversando sobre las necesidades del Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo; existió un reclamo de muchas personas. Hace algunos días la observamos en un recorrido en un centro de salud donde no se entregaba medicamento. ¿Cuál es la situación actual y real, gobernadora y con la mano en el corazón, de lo que pasa con la salud en la provincia de Manabí?
La situación real es que no podemos ser cómplices solidarios de la negligencia, de la indolencia, de la falta de empatía que se tiene que tener con la ciudadanía. Esto jamás lo vamos a permitir ni a solapar. Si bien es cierto, se han dado algunos cambios estructurales para la adquisición de medicamentos por los actos de corrupción, comenzaron a darse ciertas alertas. En Santa Ana, una adulta mayor de más de 70 años me dijo que no tenía su medicina (Lozartán e insulina) desde hace mucho tiempo. Me fui directo a bodega y vimos que había medicamentos guardados desde el mes de enero y mi visita fue en marzo. Lamentablemente, la corrupción también tocó a la salud y nos toca salir a defender.
-Gobernadora, se sabe que esto no es nuevo, que se viene dando de manera permanente. Aparte de su presencia, ¿qué pasa con los responsables?
Es que no cogen miedo. La bodega ya fue desvinculada en Santa Ana. Pero vamos a cortar de raíz. Lamentablemente, el traje fue hecho a la medida donde más blindaje tiene una persona que no hace bien su trabajo que aquella persona que ha sido vulnerada. Esto aplica incluso hasta en el código; para desvincular a una persona en el sector público tiene que seguir el debido proceso de tres llamadas de atención. Si tú lo sacas de un solo, luego te ponen un amparo constitucional y mientras sigue el proceso, que puede durar hasta cinco años, tú le tienes que pagar desde el momento en que le desvinculaste. Tras de que salió afectando al ciudadano, todavía le premias.
-¿Pero el Gobierno no tiene el «sartén por el mango» para reformar la ley o tal vez mediante algún acuerdo ministerial? Porque en campaña todos los políticos tienen la receta de que van a mejorar la salud…
No funciona así. Recuerde el año pasado cuando se comenzaron a desvincular, ¿qué hizo el Contencioso? Tiraron abajo todo. No debe haber diferencia entre lo público y lo privado. Ayer me pasaron un mensaje donde un médico le dice a un señor: «llévese a su papá, no lo vamos a operar porque los quirófanos están dañados», y los quirófanos están buenos. Y todavía le terminaron diciendo: «siga votando por el presidente». ¿Qué es eso? Acá tenemos una guerra interna donde estamos afectando a nuestros propios ciudadanos.
-Se entiende lo que está pasando, pero el Gobierno está para resolver. ¿Qué acciones concretas se están tomando?
Es lo que estamos haciendo, estoy en territorio poniendo el dedo en la llaga. Ya llevamos dos reuniones con toda el área de salud y les dijimos a los gerentes: voy a ir de manera personal y sin avisar. No vamos a aceptar justificaciones de por qué la medicina se quedó en bodega o por qué no pidieron el stock a tiempo. Eso es negligencia.
-Ha habido denuncias de que fuera de los hospitales hay de todo y que les dicen a los pacientes: «vayan y compren a determinada farmacia»…
Por supuesto, por eso hacemos estos operativos. El gobierno de Daniel Noboa está dando muestra de una lucha contra este negocio que lleva años. La Gobernadora no puede hacer 22 para los 22 cantones, pero lo que te da la certeza es la parte territorial. Es hora de que hagamos una política de servicio y, si no puedes hacerlo, haz un paso al costado. Han hecho de la política un saqueo para armar compañías de limpieza o clínicas para ser prestadores externos. Desmontar esa estructura lleva tiempo.
-Cambiando de tema, sobre seguridad, ¿qué reportes tiene en la actualidad considerando que hay provincias limítrofes con toque de queda y Manabí no?
Hemos tenido una reducción importante del 20% en las olas de crímenes, sobre todo en asesinatos. Manabí empezó con su Bloque de Seguridad y tenemos desplegados más de 2.000 militares y 2.800 policías. No tenemos toque de queda, pero no significa que bajemos la guardia. El lunes se rescató a una persona secuestrada en Manta. Estamos trabajando en articulación con la Judicatura y Fiscalía, porque no es cuánto detuviste, sino cuánto sentenciaste para que esto no sea el juego del gato y el ratón.
-Hay una percepción de preocupación en el ciudadano: si hay toque de queda en Guayas o Los Ríos, los delincuentes «se vienen para acá». ¿Están operativos al 100% para contrarrestar esto?
Esta es una guerra interna contra grupos organizados internacionales. No hemos bajado los brazos en este 2026. Manabí es turística y un toque de queda le afectaría mucho más al sector. Necesitamos que la ciudadanía pierda el miedo y denuncie para extirpar este cáncer que nos ha quitado la paz.
– Sobre el invierno de este 2026, ¿cómo ha manejado el Gobierno las emergencias suscitadas?
Este invierno nos tiene un poquito de misericordia, aunque han sido afectados Leonidas Plaza, Flavio Alfaro y Chone. Al momento tenemos más de 4.000 afectados según la Secretaría de Riesgos. Muchas inundaciones son porque no se ha sacado el azolvamiento de los ríos, quebradas y alcantarillas. Lo que tenemos que hacer es ser preventivos, no reactivos.
-El asistencialismo no es malo, pero ¿cómo evitarlo con obras macro? Por ejemplo, en Cañitas, ¿habrá compromiso del Gobierno para realizar la obra ahí?
Es que no es el Gobierno esa competencia, es el Gobierno Provincial. Hay que ponerle la responsabilidad al que la tiene. Me fui a la quebrada del Toro y habían hecho «tapes» a lo largo de toda la quebrada y alcantarillas tapadas. Cañitas tiene una quebrada que pasa por el no mantenimiento de una cuenca y se han permitido asentamientos por donde ella pasaba.
-¿Por qué no pensar en un encauzamiento total, como se hizo en la quebrada Montesanto en Portoviejo?
-Pero se dice que al Guayas le asignan 500 millones… ¿A Manabí cuánto se le ha asignado? ¿Está Manabí abandonada en inversión?
Ese comentario hace ver como que Manabí estuviese abandonada y es lo contrario. Este Gobierno está invirtiendo incluso en lo que no es su competencia, como el agua potable: 13.5 millones para los cantones de Bahía, Sucre, Tosagua, San Vicente, Calceta y Junín. El Gobierno Nacional de manera responsable ejecuta donde otros no lo hicieron.
-¿Se destrabó el tema legal de la vía Rocafuerte-Chone? Seguiremos hablando por años de la Manta-Quevedo…
En eso tenemos buenas noticias. 32 millones de dólares están asignados para la rehabilitación o reconstrucción de los ejes viales: Montecristi-La Cadena, Manta-Quevedo y Charapotó-Bahía-Sucre. Ya tienen el presupuesto a través del MEF y en mayo o junio comienza la asignación. Son recursos directos. También estamos peleando por la Santa Ana-Poza Honda y el bacheo de la Manta-Portoviejo.
-Hace algunos días se reunió con alcaldes por deudas con CENEL. ¿Qué avances hay?
Son como 55 millones que deben estos municipios a la Corporación Eléctrica. No es pretexto que «tú no me pagas, yo no te pago». Acordamos cruzar cuentas. Algunos alcaldes pedían exoneraciones, pero cuando uno se candidatiza a ser administrador, tiene que saber las deudas que va a recibir. Hay que demostrar si eres o no buen administrador y destinar los recursos a inversión, no a inflar nóminas de empleados por compromisos de campaña.
