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La Comisión de Educación conoció el allanamiento a la Universidad Nacional de Educación por presunta manipulación informática, ocurrido en 2025, en Azogues. Esto, como parte de una investigación impulsada por la Fiscalía para esclarecer posibles irregularidades en concursos académicos.
Comparecencia y postura institucional
Durante la sesión, Francisco Mendoza, rector subrogante de la UNAE, explicó que la institución ha mantenido un seguimiento a los concursos de méritos y oposición desde 2024, procesos que han contado con la supervisión de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Educación. Señaló que, tras varias solicitudes de información, se verificó que estos procedimientos cumplen con la normativa vigente.
No obstante, indicó que en 2025 se detectaron posibles manipulaciones de datos en un nuevo proceso, lo que motivó a la universidad a solicitar la intervención de la Fiscalía General del Estado, en el marco de su autonomía institucional.
Allanamiento y acciones adoptadas
El operativo se realizó en la Dirección de Tecnologías de la Información y en la Dirección de Calidad y Evaluación Institucional. Según Mendoza, la diligencia permitió asegurar los sistemas informáticos, recopilar información relevante y garantizar la continuidad de las actividades académicas y administrativas.
El rector subrogante enfatizó que el procedimiento no paralizó el funcionamiento de la universidad. Por el contrario, aseguró que se cumplió con el cierre del periodo académico y se resguardaron los procesos internos.
Asimismo, explicó que la decisión de acudir a instancias externas respondió a la necesidad de evitar conflictos de interés, tras detectar irregularidades y respuestas incompletas en la administración anterior.
Seguimiento de organismos de control
El representante del Consejo de Educación Superior informó que la entidad mantiene un monitoreo permanente del caso. Este proceso incluye la revisión de información pública y la solicitud de descargos para elaborar un informe que garantice el cumplimiento de principios como la legalidad, transparencia y seguridad jurídica.
Por su parte, la Fiscalía detalló que se realizará una pericia técnica para extraer la información de los equipos incautados y una evaluación especializada para determinar si existió manipulación de los sistemas informáticos.
Con base en estos resultados, se evaluará la existencia de indicios de delito y, de ser necesario, se iniciará una investigación previa conforme a la ley.
Compromisos institucionales y control político
Durante la sesión, autoridades universitarias reiteraron su compromiso con la transparencia en los concursos, la protección de los sistemas informáticos y la continuidad de las actividades académicas.
La presidenta de la Comisión, Cecilia Baltazar, señaló que se dará seguimiento al caso en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del sistema de educación superior.
Análisis de propuesta histórica
En la misma jornada, la Comisión avanzó en el tratamiento del proyecto de ley que busca declarar como fecha cívica nacional el 5 de agosto de 1820, en conmemoración del Primer Grito de Independencia de Esmeraldas.
Durante la comparecencia, el historiador Patricio Páez expuso que existen documentos judiciales que respaldan este hecho como un antecedente clave del proceso independentista ecuatoriano.
