El Estado ha fracasado en enfrentar la extorsión, que hoy asfixia la economía y debilita la confianza social.
La extorsión se ha convertido en un fenómeno económico que el Estado no logra contener. No es solo un delito, sino una amenaza directa al empleo, la inversión y la estabilidad social. Cuando un comerciante paga «vacunas», reduce producción, encarece precios o cierra. Esa cadena golpea a trabajadores, arrendadores, proveedores y debilita la circulación de dinero.
El problema se agrava porque la criminalidad ha impuesto un tributo paralelo que compite con el sistema fiscal y crea un círculo vicioso. Menos negocios formales implican menor recaudación y menor capacidad estatal para financiar servicios y seguridad.
La violencia también empuja talento y capital hacia el exterior o hacia ciudades más seguras del propio Ecuador, generando presiones urbanas inesperadas y mayor desigualdad territorial que los gobiernos locales no están listos para enfrentar.
Emprender siempre ha implicado riesgo financiero, pero hoy existe un nuevo techo: el riesgo criminal. La falta de protección desalienta la formalidad y favorece economías clandestinas que erosionan el desarrollo.
El Gobierno, la Policía, la Fiscalía y la justicia deben comprender la magnitud del desafío y actuar con coordinación y eficacia. Combatir la extorsión es defender la economía y la vida.
