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El clima electoral en Ecuador se intensifica tras la denuncia de Unidad Popular (Lista 2) sobre un presunto plan para cancelar su registro partidista. Según la organización, existiría un informe «fraudulento» dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) que pretende desconocer miles de afiliaciones legítimas. El sociólogo Geovanni Atarihuana, director nacional del partido político, fue parte de una entrevista de Manavisión Plus, y durante el diálogo detalló las acciones legales y políticas que emprenderán frente a lo que califica como un «golpe a la democracia».
-El pasado viernes 20 de marzo, se emitió un comunicado urgente por la directiva nacional de Unidad Popular, se denuncia el intento directo por parte del gobierno de Daniel Noboa para instrumentalizar al Consejo Nacional Electoral y eliminar a sus adversarios de la contienda electoral. Se habla de un informe que pretende desconocer 175 mil afiliaciones de las 206 mil registradas legalmente, lo cual dejaría el partido fuera del registro electoral y bajo este contexto, pues detención política y acusaciones también a la institución. Vamos al grano. ¿Qué balance hacen de lo sucedido durante el fin de semana tras la sesión del Consejo Nacional Electoral?
Las cosas son absolutamente claras. Como denunció el partido, luego de que Daniel Noboa anunció en una radio de Guayaquil que los opositores no iban a participar en elecciones, surge un informe que calificamos de fraudulento. El director de procesos electorales se negó a firmar ese informe porque es fraudulento y renunció; por eso verán que está firmado por un director encargado.
Intentaron aprobar este golpe contra la democracia entre gallos y medianoche, pero como el informe es tan burdo y carece de fundamento técnico y jurídico, no alcanzó los votos. Solo votaron Diana Atamaint y el consejero Luis Merino, que es un hincha a muerte de Daniel Noboa. El informe no se aprobó y las convocatorias posteriores del sábado y domingo fracasaron por falta de quórum. Ayer pedimos formalmente el archivo de ese informe porque no hay causa para que desaparezcan 175,000 afiliados de los 206,000 que tiene Unidad Popular.
-¿Cómo avanza la denuncia sobre esta fase de inhabilitación de partidos?
Es tan grave que la señora Atamaint emitió un boletín confundiendo a los medios, como si el proceso contra Unidad Popular ya hubiera iniciado. No ha iniciado, no están transcurriendo plazos porque el informe no ha sido aprobado. Sabemos que hay presiones y chantajes del Gobierno sobre el resto de consejeros. Hemos exigido copias certificadas de la base de datos. Un afiliado solo se retira por expulsión o desafiliación voluntaria con firma y número de cédula. Este informe ha sido manipulado y está condenado al fracaso.
-¿Cuáles son las motivaciones políticas detrás de este intento de desconocer las afiliaciones?
Es evidente que Daniel Noboa tiene un sueño: participar solo en la pelea de 2027. Fuerzas como Unidad Popular, que tienen base social, le somos un estorbo. No nos perdona que estemos junto al pueblo reclamando por derechos; nos opusimos al alza del IVA y hemos presentado demandas de inconstitucionalidad. Sobre todo, no nos perdona que hayamos sido protagonistas en las derrotas que ha sufrido en las consultas populares, como la del trabajo por horas. Vamos a seguir denunciando su política de incapacidad e indolencia.
-¿Qué es lo que, según el CNE, ustedes habrían incumplido?
Dicen que de los 206,000 afiliados que tenemos desde 2020, hoy hemos disminuido a 31,000. Eso es imposible, es una mentira más grande que el Chimborazo. Por eso los consejeros no han querido dar paso a esa falsedad. Veremos qué pasa ahora que arriba al país el vicepresidente Enrique Pita; esperamos que actúe en defensa de la democracia y no se someta a la orden de Daniel Noboa.
-¿Cuál es la cifra real de afiliados que manejan actualmente?
La cifra real es la reconocida por el CNE en 2020: 206,000 afiliados a nivel nacional. El funcionario encargado inventó que bajamos a 31,000. Hemos pedido que certifiquen los documentos de esas supuestas 175,000 desafiliaciones. Estamos seguros de que no los tienen, porque Unidad Popular no ha disminuido su acción, al contrario, está creciendo.
-Con las elecciones seccionales en el horizonte y otros partidos suspendidos, ¿qué se avizora para el terreno político?
Vamos a defender nuestro derecho a participar, pero llamamos al resto de fuerzas políticas y al pueblo a defender la democracia. Un régimen que pierde apoyo popular —Noboa tiene apenas el 26% en marzo— se vuelve autoritario y persigue a las voces críticas. Hay más de 120 líderes sociales buscados por la Fiscalía con acusaciones absurdas. Se persigue a alcaldes y a la prensa. Frente a esta actitud dictatorial, cabe la unidad de las fuerzas democráticas por encima de nuestras diferencias.
-¿Qué tiempo tienen para hacerle frente a este informe?
No está corriendo ningún plazo porque el Pleno no ha aprobado nada. Si llega a aprobarse, tendremos diez días para mostrar nuestra base de datos y el CNE deberá mostrar las supuestas desafiliaciones. No las tienen. Esta pelea la vamos a ganar.
-¿Cuál es la hoja de ruta legal ante esta amenaza de cancelación?
Estamos a la espera de que el CNE no sucumba al chantaje. Tenemos lista la defensa jurídica y, además, vamos a movilizarnos. No descartamos una marcha nacional ante el CNE. Se les cayó el intento de dar un golpe entre gallos y medianoche. Incluso estos malos funcionarios podrían estar cometiendo un delito al presentar un informe que conduce al error.
-¿Qué significaría esta acción para la democracia del país?
Daniel Noboa, huérfano de apoyo, quiere concentrar poderes y eliminar críticas para estar solo en la papeleta. Pero Ecuador no es una hacienda bananera ni la Corporación Noboa donde él dispone y todos cumplen. Este es un país de derechos y el pueblo va a defender las libertades en todos los terrenos.
