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La jueza Daniella Camacho analiza desde el 24 de marzo si llama a juicio a siete acusados por asociación ilícita en el caso Liga2, tras una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, mientras la Fiscalía anunció que presentará 80 testigos, peritos y más de 60 pruebas documentales para sustentar su dictamen.
La fase preparatoria de juicio concluyó luego de seis días de audiencia. La magistrada inició la deliberación tras escuchar a la Fiscalía General del Estado, la acusación particular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las defensas.
El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, anunció un conjunto de pruebas. Este incluye 80 testigos y peritos, siete cadenas de custodia, 64 documentos y seis documentos privados. El dictamen acusatorio señala como autores directos del delito de asociación ilícita a siete personas. Entre ellos figuran Andrés Arauz, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz, Raúl González y Esther Cuesta.
Estructura del caso y acusación fiscal
Según la Fiscalía, los implicados habrían planificado acciones para influir en instituciones del Estado. El objetivo era controlar espacios clave mediante tráfico de influencias. El fiscal Alarcón explicó que la actuación de los exconsejeros se habría alejado de su rol constitucional. La acusación sostiene que existieron ofertas de tráfico de influencias e incumplimiento de decisiones legítimas.
«El presente caso retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador fue cooptada», afirmó Alarcón en su intervención. En el anuncio probatorio constan autoridades actuales y anteriores. Se prevé el testimonio de Andrés Fantoni y Hernán Ulloa.
También están incluidos el superintendente Roberto Romero von Buchwald y la ministra Natalie Murillo. El fiscal solicitó la comparecencia de al menos once asambleístas. La mayoría pertenece al movimiento Acción Democrática Nacional.
Hechos investigados en Liga2
La Fiscalía detalló tres ejes en la investigación. El primero aborda presuntas irregularidades en la justicia electoral. El segundo se relaciona con la designación de vocales del Consejo de la Judicatura. El tercero se vincula con el nombramiento del titular de la Superintendencia de Bancos.
Estas líneas buscan demostrar una supuesta estructura para incidir en decisiones institucionales. El caso Liga2 se centra en esos eventos. El exconsejero Augusto Verduga, quien reside en México como refugiado, cuestionó la validez de las pruebas. «Mis teléfonos fueron manipulados después del allanamiento y antes de entrar al laboratorio de criminalística», afirmó en la red social X. Verduga sostuvo que se rompió la cadena de custodia. Según su versión, «la prueba perdió toda integridad», lo que afectaría el caso.
La jueza Camacho evalúa todos los elementos presentados. Su decisión definirá si el proceso avanza a juicio. El pronunciamiento marcará el siguiente paso en el caso Liga2. La resolución se espera tras el análisis de pruebas y argumentos.
