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El adelanto del calendario para las elecciones seccionales aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) generó una inmediata reacción de actores políticos y analistas, quienes cuestionaron los argumentos y el procedimiento utilizado para modificar las fechas del proceso.
La decisión, adoptada con cuatro votos, ha abierto un debate sobre la legalidad, la transparencia y la estabilidad del sistema democrático en Ecuador.
Mientras el CNE ha mencionado factores técnicos, entre ellos posibles afectaciones climáticas vinculadas a un eventual fenómeno de El Niño, sectores políticos consideran que los argumentos no justifican la alteración del cronograma electoral.
Cuestionamientos desde el ámbito político
La consejera del CNE, Elena Nájera, puso en duda la validez del argumento climático al recordar que el país ha desarrollado procesos electorales en contextos más complejos. «Incluso en una pandemia mundial se realizó el proceso electoral», señaló Nájera.
En la misma línea, la asambleísta Viviana Veloz lanzó fuertes críticas contra el organismo electoral, al que acusó de actuar en función de intereses políticos.
Según expresó, el CNE estaría «pisoteando la ley» y «manipulando el proceso», además de cuestionar la supuesta influencia del Gobierno en la toma de decisiones.
Preocupación por la institucionalidad
Desde la sociedad civil, la presidenta del Observatorio Control Ciudadano, Mónica Jaramillo, advirtió que la modificación del calendario genera incertidumbre sobre la estabilidad del sistema electoral.
A su criterio, cambiar de forma imprevista las reglas del proceso afecta la seguridad jurídica y debilita la confianza en las instituciones.
Asimismo, enfatizó que el fortalecimiento democrático no se logra mediante la aceleración de plazos administrativos, sino garantizando la participación de las organizaciones políticas y el respeto a la pluralidad.
El analista político Esteban Ron también se pronunció, señalando inconsistencias en la sesión donde se aprobó la medida.
Indicó que varios consejeros no expusieron criterios propios y mencionó como justificación técnica la posible afectación en 218 recintos electorales, que involucrarían a más de 626.000 votantes.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa cuestionó la decisión al afirmar que «las reglas ya no importan» y calificó el cambio como un acto arbitrario. Según indicó, adelantar las elecciones cerca de 80 días refleja una práctica que, en su criterio, antes era impensable.
«Esto es una locura, pero ya nada parece importar» dijo el exmandatario.
El debate continúa mientras distintos sectores piden mayor claridad sobre los fundamentos técnicos y legales que motivaron la decisión del organismo electoral.
