A punto de cumplirse diez años del terremoto del 16 de abril de 2016, Portoviejo sigue cargando una deuda que no es solo de cemento… es de justicia. Un sismo de 7,8 grados dejó más de 670 fallecidos y miles de afectados, pero también provocó el colapso del sistema judicial en la ciudad: servicios suspendidos, procesos detenidos, expedientes en riesgo y una justicia que tuvo que operar en carpas, luego en oficinas dispersas y hasta en hoteles.
Lo que debía ser una respuesta inmediata del Estado terminó convirtiéndose en una cadena de improvisaciones. El Palacio de Justicia de Portoviejo, afectado gravemente, inició intervenciones en 2017 con más de $404 mil, seguido de un contrato en 2019 por $4,8 millones para su reconstrucción integral. Son más de $5,3 millones invertidos en total. ¿El resultado? Una obra paralizada, judicializada y, hasta hoy, sin cumplir plenamente su función.
El problema ya no es técnico, sino estructural en la gestión pública, porque, mientras el edificio existe, el Estado sigue pagando arriendos y permitiendo que el dinero público se fugue mes a mes en espacios privados, sosteniendo un sistema judicial fragmentado, lento y distante para el ciudadano. Así, diez años después, la justicia en Portoviejo continúa operando a medias, sin condiciones dignas ni eficiencia real. Y lo más grave: han pasado cuatro gobiernos y ninguno ha logrado resolverlo.
En medio de esta indiferencia institucional, ha sido la ciudadanía la que ha tomado la posta. El colectivo ‘Y la Corte pa’ cuándo’ ha mantenido viva la exigencia, recordando lo obvio: que el edificio está y debe usarse. Han hecho lo que el poder no ha querido hacer: presionar, insistir y no dejar que el tema muera.
Aquí hace falta algo básico: decisión para terminar lo que se empieza. Para dejar de gastar en arriendos innecesarios. Para devolverle dignidad al sistema judicial y garantizar acceso real a la justicia. No se trata solo de habilitar un edificio, sino de reconstruir la confianza.
La resiliencia de Portoviejo es algo innegable. La gente se levantó, reconstruyó su vida y siguió adelante. Pero esa resiliencia no puede seguir siendo excusa para la negligencia del Estado.
Diez años después, la pregunta ya no es ¿cuándo estará listo el Palacio de Justicia de Portoviejo?… la pregunta es ¿hasta cuándo se va a seguir tolerando este nivel de indiferencia?
