Mientras el sistema no garantice turnos digitales efectivos y cobertura provincial real para la matriculación, las autoridades de Tránsito deben ampliar los plazos para cumplir los trámites y suspender las sanciones.
Matricular un vehículo en Manabí se ha convertido en una prueba de resistencia física y económica que ningún ciudadano debería tener que superar para cumplir con la ley.
El problema es estructural. Portovial está absorbiendo una carga que corresponde al sistema provincial y, como consecuencia, cientos de ciudadanos pasan malas noches y esperan por horas para recibir un trato que no merecen.
Claramente, hay dos deficiencias: la falta de centros de revisión técnica vehicular en varios cantones y la debilidad de los sistemas y la logística de Portovial, que no están diseñados para picos de demanda. Aunque se reconoce el esfuerzo institucional por ampliar horarios, esto no resuelve el fondo: dar un buen servicio.
El problema es que el Estado falla en la logística y es el ciudadano quien paga la factura.
Hay pérdidas económicas por jornadas laborales sacrificadas, gastos adicionales de transporte y riesgos físicos al esperar en condiciones precarias, en medio de la inseguridad; pero además, con el riesgo de pagar multas si no se cumplen los plazos.
El maltrato ya es suficiente castigo; no se puede volver a sancionar a una víctima de la burocracia.
