En sendos decretos que se publicaron este viernes 14 de noviembre en la Gaceta, el diario oficial de la nación, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó en calidad de «donaciones» 22 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una política que han mantenido en los últimos años de pasar al organismo bienes confiscados desde las protestas sociales que comenzaron en el año 2018.
El acuerdo número 186-2025 otorga 12 de ellas en el departamento de Managua, identificadas bajo los siguientes números absolutos de propiedad: BI-2KSWAA0B, BI-9A4ELU9, BI-99XCPW8, BI-PUBHDMV4, BI-2KYOLWI6, BI-2KSVO8OQ, BI-9A5MHEC, BI-9A7FUSL, BI-9A4FV6I, BI-9A81UM4, BI-9ADJBPX y BI-9A6U22U.
Otras 10 se «donaron» en el departamento de Rivas, a través del acuerdo presidencial número 187-2025. Como es usual en estos casos solo se identifican esos bienes el registro absoluto de propiedad, sin detallar qué edificaciones se dan al INSS.
En este último decreto se informa que se trata de bienes con los números: BI-2L0IBNLQ, BI-2L2BZTF, BI-2L16882O, BI-2L2BZT8Q, BI-2L2BZSW5, BI-2L00F1SS, BI-2L2BZTGF, BI-2L2BZT78, BI-2L2BZSUX y BI-2L2BZST1.
Mientras que el pasado 20 de octubre otorgaron 31 en un solo día, en los departamentos de Managua, Rivas y la Región Autónoma del Caribe Sur, bajo los acuerdos presidenciales 171-2025, 172-2025 y 173-2025. Antes, el día 7 del mes pasado, hubo una donación en Managua y otra en Matagalpa.
Este 2025 ha sido uno de los años con mayor cantidad de donaciones por parte de la dictadura, que asegura que las entregas al INSS obedecen al supuesto objetivo de «fortalecer la seguridad social de todos los nicaragüenses, creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos».
Dictadura entrega 31 propiedades confiscadas al Instituto de Seguridad Social
Qué pasa en el INSS
Las adjudicaciones se dan en medio de un deterioro de la capacidad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para responder a la población del país, pese a la inyección de recursos en cada ejercicio fiscal.
En el presupuesto general de la Nación para 2026, el organismo tendrá una asignación de 8.125 millones de córdobas para su funcionamiento y operatividad. El economista Juan Sebastián Chamarro calificó como una medida desesperada que el venidero año le otorguen esta cantidad de recursos, que se traducen en 222 millones de dólares.
Además, consideró que esa cifra representa un desvío de recursos a un organismo que en manos del régimen ha dejado de dar la cobertura a la ciudadania.
