• 3 minutos de lectura
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó este miércoles 1 de abril de 2026 el Informe de Admisibilidad de la terna para designar a los vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura. Con ello, el proceso avanza a la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana pese a los reclamos de Alexandra Villacís.
La decisión, adoptada con cinco votos a favor y dos en contra, se tomó en una sesión marcada por la división interna y advertencias sobre posibles responsabilidades legales. La moción fue presentada por la consejera Jazmín Enríquez y contó con el respaldo del presidente del organismo, Andrés Fantoni, y otros tres consejeros.
Aprobación de postulantes
El informe técnico aprobado establece que los postulantes Mercedes Johanna Caicedo Aldaz, Ramón Antonio Echaiz Lavayen y Paquita Marjoe Chiluiza Jácome cumplen con los requisitos legales y no presentan inhabilidades reglamentarias.
Esta aprobación ocurrió cinco días después de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, completara el listado de aspirantes. El procedimiento busca llenar la vacante definitiva dejada por Mario Godoy, censurado por la Asamblea Nacional en febrero pasado por incumplimiento de funciones.
Actualmente, el cargo es ocupado de forma temporal por Damián Larco debido a la situación que enfrenta Alexandra Villacís.
?#CPCCS finaliza fase de admisibilidad en el proceso para designar vocales del @consejudic y resuelve sobre reformas al proceso de selección del titular de la @sot_ecuador
Más información: https://t.co/E0Sy2fBcoN pic.twitter.com/Nq4dldKMBa— Participa Ecuador (@CpccsEc) April 1, 2026
Controversia por hábeas data
La aprobación se dio pese al hábeas data presentado por Alexandra Villacís, quien reclama su derecho a la titularización en el cargo. La consejera Nicole Bonifaz, quien votó en contra, cuestionó que el Pleno ignore una sentencia judicial notificada al organismo, la cual obliga al Ministerio de Trabajo a levantar el impedimento legal de Villacís para ejercer cargos públicos.
Bonifaz advirtió que el artículo 86, numeral 4, de la Constitución sanciona con la destitución a los servidores que no acaten sentencias de garantías jurisdiccionales. «Me deslindo totalmente de la responsabilidad política, penal, administrativa y constitucional que puedan acarrear las actuaciones de la mayoría del Pleno», sentenció la consejera durante su intervención.
Próximos pasos del proceso
Tras dar por terminada la fase de admisibilidad para la Judicatura, el Pleno ha sido convocado para este jueves 2 de abril con el fin de oficializar la convocatoria a la etapa de impugnación ciudadana.
El documento aprobado por el Pleno indica que los postulantes superaron esta fase del proceso de selección y designación de vocales principal y suplente. El caso ha escalado a instancias internacionales, generando un pronunciamiento de la Relatoría de Naciones Unidas sobre la situación del sistema judicial en Ecuador.
Nicole Bonifaz refirió además que «parecería que algunos actores políticos por oportunismo y ciertos funcionarios públicos por conveniencia se han olvidado de las consecuencias que puede ocasionar el incumplimiento de una sentencia en materia de garantías jurisdiccionales como es el caso del habeas data para Alexandra Villacís».
