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Un juez de garantías penales dictó prisión preventiva para Scarleth Junnan G. P., de 18 años, y el recluso Ángel Antonio P. U., de 21 años, por su presunta participación en el delito de extorsión contra un comerciante en el cantón Junín. La resolución se dio tras la audiencia realizada el pasado miércoles, luego de que agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) ejecutaran el operativo Libertad 0371, motivado por las constantes amenazas que recibía la víctima desde el interior de un centro penitenciario y mediante nexos externos.
Medidas judiciales y traslados
Durante la audiencia, el juez determinó un plazo de 30 días para la instrucción fiscal, periodo en el cual se recopilarán las pruebas necesarias para decidir si los procesados son llamados a juicio por extorsión. Mientras tanto, se ordenó el traslado de Ángel Antonio P. U. al centro de privación de libertad de El Rodeo, en Portoviejo, y de Scarleth Junnan G. P. al centro carcelario de Jipijapa.
El magistrado consideró los elementos presentados, los cuales vinculan a ambos ciudadanos con la exigencia económica de 1.000 dólares (extorsión). La defensa técnica y la fiscalía realizarán las diligencias correspondientes durante el mes de investigación dispuesto por la ley ecuatoriana.
Detalles del operativo Libertad
El caso se originó a raíz de la denuncia de un comerciante de 18 años, quien relató que desde el 27 de marzo era blanco de mensajes extorsivos. Los sospechosos utilizaban fotos y videos de armas de fuego como método de presión psicológica para obligar al pago del dinero a cambio de no atentar contra la integridad de la víctima o sus bienes familiares.
La respuesta policial se concretó el martes a las 15h30 con allanamientos simultáneos en el cantón Junín y en una celda del Centro de Privación de Libertad El Rodeo. En estos procedimientos, se decomisaron dos dispositivos móviles que presuntamente contienen información relevante y registros de las comunicaciones extorsivas enviadas al denunciante.
Perfil de los procesados
De acuerdo con los registros policiales, Ángel Antonio P. U. posee antecedentes penales por el delito de secuestro en 2025, sumando ahora un nuevo proceso judicial a su historial. Según las investigaciones de inteligencia, el recluso era el encargado de realizar las llamadas y enviar los mensajes, mientras que la mujer de 18 años cumplía el rol de recolectora del dinero en el sector de Junín.
La modalidad detectada confirma una tendencia delictiva en la provincia de Manabí, donde sujetos privados de libertad coordinan con personas en el exterior para ejecutar cobros ilícitos. La UNASE destacó que la denuncia oportuna permitió detener a los sospechosos antes de que el afectado realizara cualquier transacción económica.
Contexto de inseguridad regional
El uso de identidades de grupos delictivos organizados y material audiovisual de armamento es una táctica recurrente para generar temor inmediato. A pesar de los operativos de control en El Rodeo, la utilización de tecnología para fines delictivos desde las celdas sigue siendo un desafío para la seguridad penitenciaria en la región.
Las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos para activar los protocolos de seguimiento técnico y análisis de información. Al finalizar la instrucción fiscal de 30 días, se conocerá la situación jurídica definitiva de los implicados en este esquema de extorsión digital.
