• 3 minutos de lectura
El abogado Daniel Frías Toral presentó una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura contra tres jueces del tribunal de apelación de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Los magistrados Silvana Velasco, Wiler Choez y Byron Uzcátegui son acusados de cometer falta gravísima por prevaricato al revocar la prisión preventiva en el caso Goleada.
De acuerdo con el medio Ecuavisa, la acción legal se basa en el fallo que benefició a Fernando Peñaherrera, César Bravo y a los directivos de Barcelona SC, Xavier y Mario Alvarez. También favoreció al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, aunque este permanece detenido por otras dos órdenes de reclusión. Según Frías Toral, los jueces incurrieron en una evidente extralimitación de sus facultades durante la audiencia de apelación.
Extralimitación de funciones en audiencia de apelación
El denunciante sostiene que la única finalidad de la audiencia era evaluar la legalidad de la medida cautelar y el peligro de fuga. Sin embargo, los magistrados actuaron como un tribunal de juicio de facto al concluir que no existían suficientes indicios del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Esto ocurrió en plena etapa de instrucción fiscal. Frías Toral argumenta que los jueces exigieron estándares de certeza absoluta y peritajes contables definitivos, lo cual es improcedente en una fase inicial de recolección de indicios. Para el abogado, esta exigencia bloquea la capacidad de persecución penal del Estado y constituye un error jurídico grave.
Omisión del análisis de peligro de fuga y negligencia manifiesta
Además, acusa a los magistrados de manifiesta negligencia por omitir el análisis del peligro de fuga que exige la ley para este tipo de medidas cautelares. En la denuncia, Frías Toral solicita al Pleno del Consejo de la Judicatura que separe inmediatamente a los tres jueces de sus cargos para evitar que apliquen los mismos criterios en otras causas.
También pide remitir el expediente a la Corte Nacional de Justicia y declarar una infracción gravísima que permita su destitución. En una entrevista con un medio digital, el abogado anunció que mañana presentará una denuncia penal por estos mismos hechos ante la Fiscalía General del Estado.
Solicitud de destitución y denuncia penal adicional
La denuncia disciplinaria se centra en la presunta violación de normas constitucionales y legales que regulan el rol de los jueces en la etapa de investigación. Frías Toral considera que el fallo genera un precedente peligroso para la administración de justicia en casos de corrupción y delincuencia organizada. Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura no ha emitido pronunciamiento sobre la admisión de la denuncia.
