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El Gobierno de Estados Unidos anunció que no extenderá la autorización temporal que permite la venta de petróleo iraní almacenado en buques, medida que vence el domingo 19 de abril.
La decisión, comunicada por el Departamento del Tesoro, responde a la política de presión sostenida sobre Irán en medio de tensiones en Oriente Próximo y el impacto en los mercados energéticos.
En un mensaje difundido este martes 14 de abril , la entidad indicó que el permiso vigente, aplicado a cargamentos de crudo iraní ya ubicados en el mar, expirará en los próximos días sin posibilidad de renovación.
La disposición había sido aprobada como un mecanismo excepcional y limitado en su alcance.
Fin de la licencia temporal y presión económica
Según el Tesoro estadounidense, la medida formó parte de una estrategia puntual para aliviar tensiones en el suministro energético global. No obstante, la administración ha reiterado que mantendrá su política de «máxima presión» sobre Irán, incluyendo la aplicación de sanciones adicionales si es necesario.
En esa línea, la cartera advirtió que podría imponer sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que continúen respaldando operaciones vinculadas al sector petrolero iraní.
Este tipo de restricciones busca limitar el acceso de Irán a mercados internacionales y reducir sus ingresos por exportaciones de crudo.
Contexto energético y antecedentes recientes
La licencia fue emitida el pasado 20 de marzo, en un contexto marcado por el aumento de los precios del combustible a nivel global. Entre los factores que influyeron estuvo la situación en Oriente Próximo, particularmente las interrupciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.
De acuerdo con datos oficiales, la autorización permitió liberar aproximadamente 140 millones de barriles de petróleo iraní que permanecían almacenados en buques. Esta acción tenía como objetivo inyectar oferta adicional al mercado internacional en un momento de alta volatilidad.
Sin embargo, el carácter temporal de la medida fue enfatizado desde su aprobación. Autoridades estadounidenses señalaron en su momento que se trataba de una decisión puntual, con condiciones específicas y sin intención de modificar de forma permanente el régimen de sanciones vigente.
