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Desde el domingo 3 de mayo, la fuerza pública de Ecuador ha iniciado la detención de ciudadanos que incumplen el toque de queda vigente en sectores estratégicos del país. Según el marco legal vigente, los infractores que desobedezcan la restricción de movilidad nocturna se exponen a procesos penales que conllevan penas privativas de libertad de entre uno y tres años, de acuerdo con lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Aunque el Gobierno Nacional aún no ha emitido un balance oficial, en la ciudad de Quito ya se reportaron más de 30 personas detenidas durante la primera jornada de controles. En Manabí fueron 17, tras ser interceptados en la vía pública por efectivos militares y policiales, los ciudadanos fueron trasladados en unidades de la Policía para el respectivo procedimiento.
Decenas de detenidos por incumplir el toque de queda
Muchos de los aprehendidos manifestaron ante los uniformados que desconocían la entrada en vigencia de la medida. No obstante, las autoridades enfatizaron que el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad, especialmente bajo el artículo 282 del COIP, que tipifica el incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente como un delito penal.
La restricción de movilidad rige desde el 3 hasta el lunes 18 de mayo, en el horario de 23h00 a 05h00. Esta disposición se aplica en nueve provincias: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Santa Elena, Pichincha, Manabí, Sucumbíos y Esmeraldas. Asimismo, incluye los cantones de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).
El Ejecutivo ha sido enfático en que no se emitirán salvoconductos. Únicamente están habilitados para circular miembros de la Fuerza Pública, personal sanitario y de emergencia; funcionarios vinculados a la gestión de riesgos y desastres. También personas que justifiquen motivos de fuerza mayor, como traslados desde o hacia aeropuertos.
Operativos de control intensificados en la madrugada
Esta disposición excepcional tiene como objetivo central desarticular las capacidades de las organizaciones delictivas y golpear sus economías criminales mediante operativos de control intensificados durante la madrugada.
Por el momento, la fuerza pública evalúa caso por caso para determinar si presentará acusaciones formales ante la Fiscalía General del Estado, instancia que decidirá el inicio de los procesos penales para los ciudadanos que desacaten la orden presidencial.
