La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo solicitó a la Asamblea Nacional, bajo su control, un aumento del presupuesto general de 2025 a poco más de un mes de cerrar el año.
El pleno del Legislativo le dio el visto bueno a la solicitud de los codictadores, con la inyección de 7,394.5 millones de córdobas que llevará el Presupuesto General de la República 2025 pasa de 158,730 millones a 166,124 millones de córdobas.
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Después de aprobar la designación de Rosa Solís Dávila como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en reemplazo del renunciado Armando Juárez, los parlamentarios no dudaron en darle más recursos al régimen sandinista, que justificaron en inversión social.
Sin dar detalles, la Asamblea dijo que la modificación «reasigna mayores recursos para la construcción y operación de nuevos hospitales y centros de salud, adquisión de vacunas, la ampliación y modernización de carreteras, puertos y vías de comunicación». También los usarán para «la ejecución de proyectos habitacionales, asegurando soluciones de vivienda digna, además de fortalecer la conectividad digital y la tecnología institucional».
Nicaragua invierte menos en gasto social
Esto se hace a pesar del informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que este 27 de noviembre publicó el «Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025» en el que revela que Nicaragua es junto a El Salvador, Guatemala y Honduras uno de los países de Centroamérica y toda la región en invertir menos en gasto social, con menos de 600 dólares por año por habitante.
El gasto o la inversión social se traduce en los recursos que un gobierno central dedica a la salud, educación, protección social y vivienda, algunos sectores a los que la modificación del Presupuesto 2025 le destinará más recursos, según la versión del Parlamento nicaragüense.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, se refirió a la supuesta paz y seguridad que reina en el país, denunciado en instancias internacionales por las graves violaciones a los derechos humanos de la población, especialmente contra dirigentes políticos, líderes religiosos, indígenas, defensores de derechos humanos, periodistas y pueblos afrodescendientes.
También explicaron que inyectarán recursos para el Benemérito Cuerpo de Bomberos, y el pago de pensiones y prestaciones sociales de trabajadores del sector público.
«La reforma también incorpora recursos destinados a la amortización de deuda pública y al fortalecimiento de la eficiencia del gasto, garantizando que los programas de combate a la pobreza continúen expandiéndose», añadió el Parlamento en una nota de prensa.
