La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió cerrar su oficina en Caracas, abierta en 2024 en el país suramericano, ante lo que considera una falta de avances reales del trabajo en Venezuela.
El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang aseguró que “el progreso real sigue siendo un reto” al referirse a la actuación de sus funcionarios, esto a pesar de que firmaron un memorando de entendimiento con la dictadura de Nicolás Maduro que se comprometió en cooperar con esta oficina para mejorar el sistema judicial venezolano.
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En febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI abrió una investigación preliminar contra el régimen por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en medio de la oposición del chavismo que lo consideraba un ataque en su contra. Dos años después del inicio de ese proceso, el organismo consideró que había información creíble sobre ello. En especial tipificó crímenes como persecución política, encarcelamiento u otra privación severa de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno.
La CPI reabre investigación por denuncias de crímenes contra la humanidad en Venezuela
Por qué la CPI cerrará oficina en Venezuela
En su primera visita a Caracas, el fiscal de la Corte, el británico Karim Khan anunció en noviembre de 2021 el inicio de una investigación formal y la firma de un acuerdo de cooperación para que sus funcionarios se instalaran en el país. Aunque Maduro intentó frenar el proceso al introducir apelaciones, la CPI lo investiga, en el caso conocido como Venezuela I, a pesar de que Khan se retiró tras denuncias en su contra porque una cuñada fue parte de los abogados que defendían al chavismo.
Aunque en 2023, Khan realizó una tercera visita a Venezuela y firmó un nuevo memorando de entendimiento, se creía que con ello iba a aumentar su presencia en el país, algo que finalmente no ocurrió por los retrasos impuestos por Caracas. Incluso, en febrero de 2024 ordenaron la expulsión de los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh), aunque gracias a la mediación de la Fiscalía de la CPI volvió un número reducido a finales de ese mismo año.
Pero ahora, Mame Mandiaye Niang aseguró en la apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI, desde La Haya, que cerrarán la oficina, en parte para optimizar los recursos de los que disponen.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, dijo en su discurso. Pese a ello, informó que continuarán el proceso contra Maduro y sus funcionarios por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, lo que en 2021 convirtió a Venezuela en el único país de Latinoamérica con un proceso formal abierto.
Argentina pide actuación inmediata de la CPI
En esa misma asamblea, Argentina solicitó una acción inmediata de la CPI tras las elecciones presidenciales de 2024 y el agravamiento de la persecución contra la disidencia, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y los masivos arrestos que hubo en todo el país después de dos días de protestas por los resultados oficiales que proclamaron a Nicolás Maduro ganador, a pesar de las denuncias de un fraude por parte de la oposición -encabezada por María Corina Machado- que mostró las actas con las cuales comprobó el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.
“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”, pidió el embajador argentino Diego Emilio Sadofschi.
Caracas replicó de inmediato al acusar al gobierno de Javier Milei de «politizar» de forma «vergonzosa» la asamblea.
