El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló a otros presos políticos, cuatro de ellos de la localidad de Masaya, a quienes mantenía en cárceles en el último año, aunque uno de ellos llevaba casi un lustro encarcelado.
Se trata de Carlos Vanegas, de 35 años, al que apresaron el 26 de enero de 2022 en una barbería de Masaya. Al lugar llegaron funcionarios de la Policía Nacional que lo arrestaron. Es la segunda vez que el hombre paga cárcel por motivos políticos.
También está el joven estudiante Octavio Caldera, de 25, años quien era el delegado territorial de la Alianza Universitaria Nicaragüense en la población de Masaya. El pasado 17 de noviembre la organización denunció su desaparición forzada desde que lo arrestaron el 13 de agosto en su lugar de trabajo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a Caldera y un grupo de 9 personas más el pasado 27 de octubre.
Mecanismo para Libertad de Presos Políticos reconoce solo 8 excarcelaciones
Excarcelaciones del fin de semana
Al igual quedó bajo régimen de casa por cárcel a Luis Francisco Ortiz Calero, de 29 años, al que apresaron el 14 de agosto de 2025, quien también recibió medidas de la CIDH en la misma decisión en la que se benefició a Caldera.
A Yolanda Escobar González, de 54 años, le dieron también arresto domiciliario. Su detención se practicó el 14 de agosto pasado durante un allanamiento a su residencia.
Aunque no hay un pronunciamiento oficial o lista de beneficiarios, desde el fin de semana se habla de excarcelaciones que van desde 39 hasta 50 personas presas por motivos políticos.
Este domingo, 30 de noviembre, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas solo ha podido registrar 8 excarcelaciones de la lista de los 77 presos políticos que tenía hasta el 29 de octubre pasado.
Celebraron los beneficios, pero sin dejar de cuestionar la falta de transparencia, la ausencia de una lista y el irrespeto al debido proceso, la desaparición forzada y los arrestos por razones políticas que aplica la dictadura desde al menos 2018 cuando comenzaron protestas antigubernamentales que desataron una de las peores crisis y violaciones masivas de derechos humanos contra la población nicaragüense, que se mantiene hasta la fecha.
