Estados Unidos decidió, este 10 de diciembre, imponer aranceles graduales a las importaciones de Nicaragua durante dos años, que no se originen del Tratado de Libre Comercio DR-Cafta, una de las recomendaciones que dio la Oficina del Representante Comercial de ese país que inició una investigación contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las masivas violaciones a los derechos humanos en la nación centroamericana.
La decisión adoptada por la Casa Blanca señala que a partir del 1 de enero de 2026, los productos que no se exporten vía DR-Cafta comenzarán a pagar aranceles, lo que afectará la mayoría de las exportaciones del país que no sean por esa vía.
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«El arancel se establecerá en cero por ciento el 1 de enero de 2026 y aumentará al 10 por ciento el 1 de enero de 2027 y al 15 por ciento el 1 de enero de 2028. Cualquier arancel se acumularía con otros, como el Arancel Recíproco vigente del 18 por ciento. Además, si Nicaragua no avanza en la solución de estos problemas, este cronograma y estas tasas podrían modificarse», señala la decisión.
Qué decidió Estados Unidos sobre las exportaciones de Nicaragua
La Oficina del Representante Comercial había propuesto suspender al país del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana, algo que significaría un golpe más duro para el régimen sandinista, pero la imposición de aranceles igualmente significará un golpe a las exportaciones, especialmente porque Estados Unidos es el principal mercado de exportación de Nicaragua.
Al hacerse pública la decisión destacan que «la acción de respuesta de hoy sigue a la determinación de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) de que los actos, políticas y prácticas de Nicaragua son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense, tomando en cuenta más de 2.000 comentarios públicos y consultas con expertos de agencias gubernamentales y asesores autorizados por el USTR», explicaron.
Además, destacan que «cualquier arancel se acumularía con otros, como el Arancel Recíproco vigente del 18 por ciento. Además, si Nicaragua no avanza en la solución de estos problemas, este cronograma y estas tasas podrían modificarse», advirtió la USTR en su decisión.
En 2024, la USTR comenzó una investigación contra la dictadura por los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho. Al concluir que han violado sistemáticamente las garantías civiles, políticas, religiosas y laborales, que además de los nicaragüenses, perjudican a las empresas estadounidenses, anunciaron medidas que finalmente se dieron a conocer este 10 de diciembre.
Esto después de abrir, en octubre pasado, un periodo de consultas y recolección de testimonios antes de tomar una decisión. «La USTR recibió testimonios de testigos y más de 160 comentarios y réplicas. La investigación también obtuvo testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos, las cuales la USTR remite al Departamento de Estado de los Estados Unidos para su posterior investigación, acción y defensa», señalaron este miércoles.
