La Unión Europea (UE), a través de sus ministros de Exteriores, acordó extender las sanciones contra 69 funcionarios de la dictadura chavista de Nicolás Maduro hasta enero del año 2027, al agravarse la situación de los derechos humanos y el estado de derecho en el país suramericano.
En 2017, hace ya más de 8 años, el grupo de los 27 inició una ronda de sanciones contra indiviudos del régimen venezolano, un embargo de armas y la prohibición de viaje a altos funcionarios de Maduro por el socavimiento de la democracia, la represión a las protestas antigubernamentales y la persecución a sus opositores.
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Desde entonces han sido renovadas y se cumplirá una década en enero de 2027 la extensión de estas medidas, que como la misma UE aclara no incluye afectar a la población civil venezolana, ya aquejada por una grave crisis política, social y económica que ha tenido varios periodos de agravamiento, la última de ellas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
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Qué contemplan las sanciones de la UE a Venezuela
En detalle, el Consejo Europeo emitió las sanciones el 13 de noviembre de 2017. Entre ellas se incluyen:
- el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna;
- la prohibición de viajar para las personas y la inmovilización de activos a personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
El chavismo replicó este lunes la renovación de estas medidas, a las que considera «coercitivas» y «unilaterales».
En un comunicado de la Cancillería señalaron que «tras años de aplicación, esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso, deteriorando de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas, y confirmando la irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional capaz de actuar con independencia, racionalidad y el respeto hacia los Estados soberanos».
Se produce además en medio de la tensión entre EEUU y Venezuela por el despliegue aeronaval en el mar Carib, agravada en la última semana por la incautación de un buque petrolero con crudo del país suramericano por parte de tropas estadounidenses, así como las denuncias del chavismo de un ataque cibernético que buscaba afectar la operatividad de la industria petrolera estatal venezolana.
