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La Unidad Anti Secuestros y Extorsión (Unase) de la Policía aprehendió a tres ciudadanos identificados como Berly Dorisnaldo I. R., María Estefanía P. B. y José Antonio Benavides Murillo, por su presunta participación en el delito de extorsión contra comerciantes en Manabí. Las capturas se efectuaron entre el 22 y el 26 de enero de 2026 en los cantones La Maná (Cotopaxi) y Bolívar (Manabí), tras una serie de denuncias que señalaban a los sospechosos como responsables de exigir cuotas mensuales, conocidas como «vacunas», a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas.
El operativo contra la extorsión
Las investigaciones que derivaron en las capturas se activaron tras el reporte sistemático de propietarios de negocios en los cantones Sucre y Chone. Los denunciantes, entre los que se encuentran dueños de tiendas, comedores, almacenes, gasolineras e incluso centros de tolerancia, manifestaron ser víctimas de una red de extorsión y les exigían altas sumas de dinero de manera recurrente para garantizar su seguridad física y la de sus establecimientos.
Pese a que los tres implicados en las extorsiones son oriundos de Bahía de Caráquez (Sucre), los operativos de captura no se concentraron en dicha localidad. La inteligencia policial localizó a los sospechosos en el cantón La Maná, y en la parroquia Membrillo de Bolívar, en la vía que conecta con la parroquia Quiroga.
Modus operandi y falsas atribuciones
De acuerdo con los informes preliminares de la Unase, los ahora procesados cumplían roles operativos directos dentro de la estructura. Se les señala como los encargados de realizar las amenazas telefónicas y presenciales, además de efectuar el cobro de las cuotas extorsivas. Este tipo de delincuencia directa ha generado una alerta en el sector comercial, debido a la agresividad de las advertencias reportadas en las denuncias formales.
Para maximizar el impacto del amedrentamiento, los sujetos utilizaban el nombre de una organización delictiva. Al atribuirse falsamente la pertenencia a esta estructura criminal de alcance nacional, buscaban generar un estado de terror y subordinación en las víctimas, facilitando así la entrega del dinero de la extorsión sin resistencia inicial.
Situación jurídica y antecedentes
Tras las audiencias de formulación de cargos, realizadas de manera consecutiva a las detenciones, los jueces dictaron prisión preventiva para los tres sospechosos. La medida busca garantizar la presencia de los procesados durante la etapa de instrucción fiscal, periodo en el cual se profundizará en la recolección de pruebas y posibles vínculos con otros actores criminales.
Dentro del historial delictivo de los implicados, el reporte oficial detalla que únicamente José Antonio B. M. registra antecedentes penales. El ciudadano cuenta con registros previos por el delito de tráfico de drogas. En contraste, los otros dos detenidos no presentaban procesos judiciales anteriores hasta esta intervención de la Unase.
La Unase reiteró la importancia de la colaboración ciudadana a través de las denuncias formales. Según la institución, el silencio favorece la expansión de estas estructuras, mientras que la acción judicial permite frenar el impacto negativo en la economía de las familias manabitas. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias para desarticular por completo los remanentes de este grupo operativo.
