En silencio se ha mantenido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de ordenar la expulsión del embajador de España en Nicaragua, Sergio Farré; su segundo, Miguel Mahiques Núñez, y cinco cooperantes españoles.
Medios del país ibérico aseguraron que la decisión la tomaron después de que Farré, quien había asumido su cargo el pasado 2 de enero, se reunión con representantes incómodos para la dictadura, la misma razón por la que detuvieron a cinco cooperantes españoles a quienes expulsaron el pasado domingo.
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Farré, quien venía a cumplir su primera misión diplomática como embajador pese a su extensa carrera en el servicio exterior español, entregó al cocanciller Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker sus cartas credenciales a principios de mes. La dictadura le dio el beneplácito que oficializó en la Gaceta del 7 de enero, pero poco tiempo duró en su cargo.
Una situación similar vivieron los dos países en el año 2021 cuando el gobierno de Pedro Sánchez cuestionó la arremetida del régimen contra los candidatos presidenciales opositores, por lo que llamó a consultas a su entonces embajadora María del Mar Fernández-Palacios, entregó una nota diplomática el embajador nicaragüense en Madrid, a quien Ortega y Murillo retiraron posteriormente e impidieron que Fernández-Palacio volviera al país centroamericano.
Los vaivenes de la dictadura ante la presión de Estados Unidos
Opositores exigen condena enérgica de España
Organizaciones y voceros políticos opositores en el exilio cuestionaron la medida de la dictadura. Algunos señalaron que era por «el miedo» de la dupla de El Carmen por la captura y detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela a inicios de este mes.
La Fundación para la Libertad de Nicaragua fue una de las que emitió sus críticas a la expulsión de Farré y Mahiques. «Instamos a España a hacer uso de todos los instrumentos e instituciones del derecho internacional y de la diplomacia multilateral –como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas– para forzar al régimen de los Ortega Murillo a una transición democrática», dijeron en una declaración.
Demandaron la liberación de las personas presas políticas en el país, así como el respeto de los derechos humanos y la convocatoria a elecciones libres y democráticas.
Presionada por Estados Unidos, la dictadura ha dado gestos tímidos en lo que va de enero con la excarcelación de 24 presos políticos y de más de 30 personas detenidas por celebrar la caída de Maduro tras los bombardeos de EEUU a Caracas y ciudades cercanas a la capital venezolana. Sin embargo, han continuado su arremetida contra la Iglesia católica con la prohibición de las misiones pastorales casa por casa en las diócesis de León y Chinandega y la reciente salida de las Hermanas Terciarias Capuchinas, quienes aseguraron que no fueron expulsadas.
