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Los allanamientos contra Luisa González y otras figuras de la Revolución Ciudadana generaron una inmediata reacción política desde Guayaquil.
El alcalde Aquiles Alvarez se pronunció tras los operativos ejecutados por la Fiscalía General del Estado en varias provincias del país. El funcionario cuestionó las prioridades judiciales y advirtió un patrón de acciones contra sectores opositores. Además, el pronunciamiento se difundió horas después de conocerse las diligencias fiscales.
En su cuenta oficial de X, Aquiles Alvarez escribió la mañana de este 28 de enero de 2025: «En lugar de encarcelar a quienes desvían más de 200 millones de dólares a dedo en Progen, siguen persiguiendo a los opositores. Un abrazo a Luisa González y a todos los que se suman a la lista de perseguidos».
El mensaje incluyó un respaldo directo a Luisa González, pese a diferencias políticas previas entre ambos.
Asimismo, el alcalde apuntó a casos de presunta corrupción que, según su criterio, no registran avances judiciales. La publicación generó amplia repercusión en redes sociales y en el escenario político nacional.
Allanamientos contra Luisa González y dirigentes de Revolución Ciudadana
Los allanamientos contra Luisa González y otros miembros del movimiento político Revolución Ciudadana se ejecutaron durante la madrugada del miércoles 28 de enero.
La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, desplegó operativos en tres inmuebles de Pichincha y uno en Guayas. Las autoridades inspeccionaron las viviendas como parte de una investigación penal en curso. Hasta el cierre de los procedimientos, no se reportaron personas detenidas.
Según el Ministerio Público, la investigación responde a una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. La indagación, denominada caso Caja Chica, analiza un supuesto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela.
De acuerdo con la Fiscalía, los fondos habrían financiado la campaña presidencial de 2023. En ese proceso electoral, Luisa González y Andrés Arauz conformaron el binomio presidencial.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas severas para estos delitos. Los autores de delincuencia organizada con fines de lavado de activos enfrentan condenas de hasta 30 años de prisión. Los colaboradores pueden recibir penas de hasta 22 años, según la normativa vigente. La Fiscalía aseguró que continuará recabando indicios dentro del proceso investigativo.
Aquiles Alvarez denuncia persecución política
Posteriormente, Aquiles Alvarez amplió su postura durante una entrevista en el programa Ecuador En Directo.
El alcalde de Guayaquil sostuvo que la ciudadanía identifica los operativos como una estrategia política reiterada.
Durante el diálogo, afirmó textualmente: «La gente tiene claro que todo esto es una burda persecución». Además, cuestionó la falta de resultados concretos en investigaciones anunciadas previamente.
En ese espacio televisivo, el alcalde agregó: «Estamos en un país que vive de inventos, vive de querer estar en campaña siempre, como el video ridículo que sacaron hace tres días, donde dicen ‘vamos a, vamos a’, siempre es ‘vamos a’, nunca nos dicen ‘hemos hecho esto'».
Aquiles Alvarez insistió en que las autoridades priorizan anuncios sin resultados verificables. También expresó preocupación por el uso recurrente de denuncias anónimas.
El pronunciamiento reforzó la narrativa de persecución política denunciada por sectores opositores.
Otros investigados
La investigación incluye a ocho personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa, quien confirmó la notificación en su cuenta de X.
Además de González y Arauz, figuran el asambleísta Patricio Chávez y la exsuperintendenta Suad Manssur. También constan los exministros Fausto Herrera y Patricio Rivera, así como la abogada Bibian Hernández.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó los allanamientos como un abuso y los comparó con prácticas de regímenes autoritarios. (07)
