El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una crítica contundente contra Rosario Murillo, acusándola de fabricar un «copresidencia» hace un año para afianzar su dominio ilegítimo en Nicaragua, sin pasar por elecciones ni obtener un mandato popular. Según esta posición, su autoridad se basa en la represión y en alteraciones constitucionales que ignoran la voluntad ciudadana, evitando votaciones democráticas por temor a una derrota inevitable.
«Hace un año, Rosario Murillo inventó una «copresidencia» para consolidar su control ilegítimo sobre Nicaragua: sin elecciones, sin mandato, sin legitimidad» sentenció el Departamento de Estado en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
«El poder construido sobre la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo. Ha negado cobardemente a los nicaragüenses un voto democrático porque sabe que no puede ganar» agregó el gobierno norteamericano.
Murillo, esposa de Daniel Ortega, ha escalado posiciones en el régimen sandinista mediante una estrategia calculada de lealtad inquebrantable y eliminación sistemática de competidores internos. Su ascenso se aceleró tras respaldar a Ortega en 1998 frente a denuncias graves de su propia hija, lo que le permitió consolidar influencia dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Inicialmente como directora de comunicaciones, asumió roles clave en el gabinete desde 2007, convirtiéndose en la única voz oficial del gobierno y controlando la narrativa pública con un estilo esotérico y autoritario.
A lo largo de los años, Murillo ha purgado a figuras históricas del sandinismo, como exguerrilleros y aliados cercanos de Ortega, reemplazándolos con personas de su confianza, incluido su hijo Laureano Ortega Murillo, quien se perfila como sucesor dinástico. Reformas constitucionales en 2014 facilitaron la reelección indefinida y subordinaron instituciones como el ejército y la policía al control familiar, mientras que cambios en 2025 institucionalizaron la copresidencia, elevando a Murillo por encima de un Ortega cada vez más debilitado y simbólico. Esta maniobra ha incluido despidos masivos en el poder judicial, con más de 900 funcionarios removidos para instalar leales, asegurando un dominio total sobre el aparato estatal.
El régimen Ortega-Murillo ha radicalizado su autoritarismo mediante represión constante, como purgas internas y control estricto de disidentes, erosionando bases de apoyo tradicionales y priorizando la secrecía y la contención de rebeliones. Este enfoque ha transformado al FSLN de un movimiento izquierdista en una estructura familiar extractiva, donde Murillo ejerce poder absoluto, relegando a Ortega a un rol ceremonial y preparando una sucesión hereditaria.
