• 3 minutos de lectura
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el impulso de una ley de amnistía general que abarcaría el período de confrontación política desde 1999 hasta la fecha actual. Con esto se busca favorecer la convivencia nacional y reparar las heridas derivadas de la violencia política. La medida, que deberá ser debatida y aprobada por la Asamblea Nacional, excluye delitos graves como homicidios.
Se busca también beneficiar a centenares de personas privadas de libertad por motivos políticos, según lo expresado por la mandataria Delcy Rodríguez. Durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con motivo del inicio del año judicial, Rodríguez declaró: «Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente».
Delcy Rodríguez cerrará El Helicoide
La iniciativa fue presentada como un paso para promover la reconciliación y fue consensuada, según la funcionaria, con el expresidente Nicolás Maduro. Paralelamente, Delcy Rodríguez confirmó el cierre definitivo de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y considerado por organizaciones de derechos humanos como uno de los principales centros de detención y tortura en el país durante las últimas décadas.
El edificio será reconvertido en un «centro social, deportivo, cultural y comercial» dirigido a la familia policial y a las comunidades aledañas, como parte del programa «Guardianes de la Patria». El anuncio se produce semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente a la necesidad de cerrar centros de detención en Caracas señalados por violaciones a los derechos humanos, incluido El Helicoide.
La propuesta se tratará de urgencia en el Parlamento
Diversas fuentes internacionales y ONG, como Foro Penal, han documentado más de 700 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos vinculados a protestas opositoras o actividades consideradas disidentes. La propuesta de ley deberá ser tratada con carácter de urgencia en el Parlamento, donde se espera un debate sobre su alcance exacto y las exclusiones aplicables.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han recibido con cautela el anuncio, exigiendo garantías de que no derive en impunidad para violaciones graves y que se priorice la justicia para las víctimas.Este anuncio forma parte de los cambios políticos en Venezuela tras la asunción interina de Rodríguez, en un contexto de transición marcado por la presión interna e internacional para avanzar hacia la estabilización institucional y el respeto a los derechos fundamentales.
