• 5 minutos de lectura
La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, llevó a cabo una sesión de trabajo este miércoles para avanzar en el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción. Durante esta jornada, el ente legislativo recibió a especialistas de la Vicepresidencia de la República, quienes presentaron observaciones técnicas de carácter social y jurídico. El objetivo central fue identificar los fallos estructurales que impiden que los niños y adolescentes en situación de abandono encuentren un hogar de forma oportuna.
En este espacio de debate de la Asamblea Nacional, se identificaron diversos nudos críticos que afectan directamente las etapas de reinserción familiar y declaratoria de adoptabilidad. Los comparecientes explicaron que la falta de una hoja de ruta clara en la normativa vigente permite que los procesos administrativos se estanquen. Esta situación de parálisis institucional vulnera el principio del interés superior del niño, prolongando innecesariamente la estancia de los menores en centros de acogida temporales bajo un marco de incertidumbre legal.
Deficiencias en los plazos del Código de la Niñez
Uno de los hallazgos más relevantes presentados ante la Asamblea Nacional es la carencia de plazos definidos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Al no existir términos perentorios, los procedimientos de privación de patria potestad pueden extenderse de manera indefinida, afectando la celeridad que requieren estos casos de vulnerabilidad. La normativa actual no presiona a las instituciones para que actúen con la rapidez que la psicología infantil demanda, generando un daño emocional profundo en los menores que esperan una familia definitiva.
Los expertos señalaron que esta ausencia de tiempos legales retrasa la entrega de informes técnicos por parte de la Policía Nacional y los equipos de psicología. Según lo expuesto en la Asamblea Nacional, la desarticulación entre los peritos y los juzgadores provoca que las resoluciones se posterguen por meses. La falta de un cronograma estricto en la ley vigente ha permitido que la burocracia se imponga sobre el bienestar de la niñez, dificultando que el sistema judicial responda de manera eficiente ante las necesidades de los más desprotegidos.
Falta de criterios unificados en el sistema judicial
Durante la sesión, los técnicos informaron a la Asamblea Nacional sobre la inexistencia de criterios unificados entre los jueces que manejan causas de familia. Esta disparidad en la aplicación de la justicia conlleva a decisiones contradictorias que retrasan aún más la declaratoria de adoptabilidad. La falta de coherencia jurídica no solo genera demoras adicionales, sino que también pone en riesgo la seguridad jurídica necesaria para que los procesos de adopción lleguen a un término exitoso y legalmente blindado.
Para demostrar la urgencia de las reformas, se expusieron ante la Asamblea Nacional casos de niños que iniciaron sus procesos legales a corta edad y solo obtuvieron una resolución cerca de la mayoría de edad. Estos ejemplos de ineficiencia estatal resaltan la urgencia de modificar el marco legal para proteger a quienes padecen enfermedades graves o situaciones de alta exposición. La meta de los legisladores es garantizar que ningún proceso judicial supere los límites razonables, asegurando una protección efectiva y prioritaria para todos los infantes ecuatorianos.
Compromiso legislativo con los derechos infantiles
La comisión que integra la Asamblea Nacional reafirmó su compromiso de procesar todas las observaciones técnicas para garantizar un trabajo legislativo efectivo. Se enfatizó en la necesidad de incorporar procedimientos más ágiles que permitan reducir los tiempos de espera de forma sustancial. La intención es que la nueva ley se convierta en una herramienta técnica que elimine los obstáculos discrecionales de los funcionarios, priorizando siempre la estabilidad emocional y el derecho a vivir en familia de los adolescentes y niños.
El proyecto que reposa en la Asamblea Nacional busca armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos. Se pretende que la agilidad procesal no sacrifique la calidad de las evaluaciones sociales, sino que optimice los recursos existentes para evitar el abandono institucional. La reforma legal planteada es vista como un paso indispensable para modernizar un sistema que ha permanecido estático mientras las necesidades de la población infantil han crecido en complejidad y urgencia.
Fortalecimiento de la justicia constitucional
En la segunda parte de la sesión, la Asamblea Nacional trató el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Este punto contó con la intervención de Christian Masapanta, experto en materia constitucional, quien compartió criterios fundamentales para «rescatar» la justicia constitucional en el país. El análisis se centró en cómo fortalecer la normativa vigente para que las garantías jurisdiccionales cumplan su rol de protección ciudadana sin ser desnaturalizadas por interpretaciones erróneas o abusos en el sistema de derecho.
Las recomendaciones entregadas a la Asamblea Nacional incluyen ajustes técnicos que buscan robustecer el control constitucional y garantizar la supremacía de la Carta Magna. Se discutió la importancia de que los jueces actúen bajo principios de transparencia y rigor jurídico para evitar la impunidad o el uso indebido de las acciones de protección. Este esfuerzo legislativo pretende devolver la confianza en las instituciones judiciales, asegurando que la reforma sea una respuesta integral a los problemas de interpretación que enfrenta la justicia constitucional actualmente en el Ecuador.
