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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reinstaló este 5 de febrero de 2026 la recepción de pruebas dentro del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, para evaluar un presunto incumplimiento de funciones tras denuncias de presiones a un juez anticorrupción.
La sesión continuó con comparecencias solicitadas por los asambleístas Viviana Veloz, Liliana Durán, Franklin Samaniego, Raúl Chávez y Xavier Lasso, del movimiento Revolución Ciudadana. Ellos impulsan la interpelación del titular de la Judicatura. Durante la jornada, el juez anticorrupción Carlos Serrano reapareció. Él pidió participar por vía telemática. Según los interpelantes, busca rendir su testimonio ante la comisión.
Reinstalación y comparecencias
La mesa legislativa convocó a abogados en libre ejercicio. Entre los citados constaron Ramiro García, Milton Castillo y Washington Andrade. También se llamó al exasambleísta Jorge Peñafiel. Sin embargo, Peñafiel no llegó a la sede legislativa. La comisión constató su ausencia a los treinta minutos de iniciada la sesión. La secretaría dejó registro del hecho.
Serrano fue convocado un día antes. No asistió de forma presencial ni virtual. No obstante, los legisladores explicaron luego que existían razones de seguridad. La asambleísta Viviana Veloz advirtió que, tras condenar al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, la vida del juez estaría en riesgo. Por ello, su comparecencia se postergó.
Solicitud de testimonio telemático
Este 5 de febrero, el asambleísta Raúl Chávez informó que habló con Serrano. El juez pidió declarar mediante conexión digital. La comisión activó el procedimiento para recibirlo. Chávez señaló que la prioridad es garantizar el testimonio. Además, explicó que la modalidad virtual facilita la participación sin exponer la seguridad del magistrado.
El pedido se integró al expediente del juicio político. La comisión definirá fecha y hora para su intervención. Así continuará la fase de pruebas.
Señalamientos contra Godoy
A Mario Godoy se le imputan presuntas presiones de funcionarios cercanos de la Judicatura sobre Serrano. Según los interpelantes, buscaban influir en una sentencia por lavado de activos contra Srdan. Los asambleístas sostienen que esos hechos podrían constituir incumplimiento de funciones. Citan el artículo 168 de la Constitución, que ordena garantizar independencia judicial y transparencia.
La comisión analiza testimonios, documentos y versiones. Luego elaborará un informe. Ese texto recomendará archivar o continuar el proceso ante el pleno legislativo. En paralelo, el exasambleísta Jorge Peñafiel cuestionó votaciones anteriores. Él declaró: «Estos son los que archivaron el juicio contra Godoy». Señaló a varios legisladores que apoyaron el archivo de un intento previo.
El señalamiento se relaciona con una moción presentada el 27 de diciembre de 2024. En esa fecha, una mayoría archivó el trámite. Ahora el proceso volvió a etapa de sustanciación. De este modo, la Asamblea mantiene abierta la investigación política. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización, el juicio político y el caso del Consejo de la Judicatura concentran la atención pública y jurídica.
