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Este jueves 5 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de forma unánime, en primera lectura, el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Esta propuesta legislativa surge como una medida orientada a facilitar la paz institucional y la coexistencia política en el país tras el reciente cambio de administración gubernamental. El instrumento busca establecer un marco jurídico que abarque hechos ocurridos entre 1999 y el presente año.
El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, explicó tras la votación que el documento no consiste en una enumeración cerrada de beneficiarios. «El proyecto de ley afortunadamente no es un listado de nombres, porque esos listados siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026″, declaró el legislador.
Parámetros y limitaciones del proyecto
Siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, toda ley debe superar dos debates en jornadas distintas. En esta primera fase, los parlamentarios analizaron la exposición de motivos, la viabilidad técnica y el alcance social de la propuesta.
La segunda discusión se centrará en el análisis detallado de cada artículo antes de su sanción definitiva. Este paso es fundamental para garantizar que el texto cumpla con los estándares jurídicos nacionales e internacionales.
No obstante, el proyecto establece límites estrictos sobre quiénes pueden recibir estos beneficios. El texto excluye explícitamente delitos graves, tales como violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Asimismo, quedan fuera de cualquier perdón legal los responsables de homicidio intencional, actos de corrupción administrativa y delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas, asegurando que la impunidad no alcance delitos de alto impacto social.
Reacciones de la sociedad civil
La exposición de motivos del documento señala que el objetivo primordial es alcanzar la justicia y permitir la coexistencia dentro de la diversidad política, bajo el respeto estricto al Estado de derecho.
En este contexto, representantes de la sociedad civil han solicitado mayor transparencia en el manejo de la información. Gonzalo Himiob, fundador de Foro Penal, enfatizó la importancia de la participación ciudadana en este proceso legislativo. «Sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas», afirmó a través de sus canales digitales.
Antecedentes legales
Históricamente, las leyes de amnistía en la región han servido como herramientas de transición en periodos de alta polarización. En este caso, el legislativo busca que la normativa sirva como un puente para la estabilidad interna.
La aprobación en primera lectura marca apenas el inicio de un proceso que requerirá consenso técnico para definir los mecanismos de aplicación y las autoridades encargadas de ejecutar los sobreseimientos o libertades correspondientes.
Finalmente, el avance de esta ley se produce en un contexto de reorganización institucional donde la justicia transicional ocupa un lugar central en la agenda pública.
Se espera que en los próximos días se anuncie la fecha para la segunda discusión, donde se determinará el texto final que regirá las medidas de gracia y perdón en el territorio venezolano, bajo la vigilancia de observadores nacionales y organismos de derechos humanos.
