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La jornada judicial en torno a la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha dado un giro inesperado con la aparición de un nuevo actor en el tablero procesal. Renato Montero, defensor técnico de Daniel Salcedo —quien se encuentra preso y sentenciado por diversos casos de corrupción en Ecuador—, ofreció declaraciones reveladoras a la salida de una diligencia por el caso de magnicidio de Fernando Villavicencio. Según el jurista, su cliente ha decidido colaborar activamente con la justicia proporcionando datos que impactan directamente en las investigaciones que pesan sobre el burgomaestre guayaquileño.
Estas revelaciones surgen en un momento de extrema tensión política, tras el traslado de Aquiles Álvarez al Complejo Judicial Norte en Quito bajo un fuerte operativo de seguridad. Montero fue enfático al señalar que, dentro del marco de la cooperación eficaz, se ha entregado material sensible que la Fiscalía General del Estado utilizaría para sustentar la imputación de cargos en el denominado caso Goleada. La noticia ha generado un sismo en la opinión pública, pues vincula a una de las figuras más visibles de la oposición con un sentenciado por tramas de influencias en hospitales y delincuencia organizada.
Trazabilidad económica y documentos entregados por Salcedo
Durante su intervención ante los medios, Montero explicó que Daniel Salcedo ha proporcionado información trascendental y documentos que detallan la trazabilidad económica y de bienes del ciudadano Aquiles Álvarez. El abogado aclaró que, aunque no conoce a fondo el proceso principal del caso Triple A, la información entregada por su defendido es un aporte comunicacional sustancial sobre la situación jurídica actual del alcalde. Estos documentos buscarían probar la existencia de flujos financieros irregulares que la Fiscalía está rastreando meticulosamente.
Al ser consultado sobre si este aporte está relacionado específicamente con el delito de lavado de activos, Montero confirmó que ese es el sentido de la relación que vincula a Aquiles Álvarez con Daniel Salcedo. Esta «cooperación de Daniel» se convierte así en una de las piezas angulares para la causa que se imputa este martes, enfocada en presunta delincuencia organizada y defraudación tributaria. La defensa de Salcedo sostiene que este es el único vínculo real entre ambos personajes, desmarcando otras posibles interpretaciones de su cercanía.
Contraste con la defensa técnica y el «caso Goleada»
Esta nueva evidencia contradice la postura de Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, quien calificó el proceso como una simple cortina de humo política. García ha insistido en que no se ha encontrado «ni un centavo» de dinero en efectivo en el domicilio del alcalde y que los cargos son, hasta ahora, desconocidos para su equipo legal. Mientras la defensa alega persecución, la aparición de pruebas de trazabilidad económica presentadas por un testigo cooperante como Salcedo añade un componente de prueba documental difícil de ignorar.
Aquiles Álvarez llegó a la capital junto a otros diez procesados, incluidos sus hermanos Antonio y Xavier, en medio de un clima de expectativa mediática. La vinculación de los hermanos Álvarez con el club Barcelona SC y diversas empresas de hidrocarburos es parte de la trama que la Fiscalía busca desarticular. Sin embargo, la mención de Salcedo —un hombre clave en los casos Metástasis y Purga— eleva la gravedad de las acusaciones hacia una red de alcance mucho más profundo en el sistema financiero.
La normativa del SNAI y la controversia del grillete
A la par de las revelaciones de Salcedo, el escándalo por el uso del dispositivo de vigilancia electrónica sigue en el centro del debate legal. Mientras la defensa de Aquiles Álvarez justificó que el aparato no estaba colocado porque «estaba cargándose», el SNAI emitió un comunicado oficial aclarando que estos dispositivos no pueden ser retirados ni manipulados por el usuario. La normativa vigente del COIP establece que la portación debe ser permanente, lo que complica la estrategia de descargo presentada por el abogado del alcalde.
El artículo 522 del COIP lista el dispositivo como una medida cautelar prioritaria para asegurar que el procesado no evada la justicia. Por su parte, el Reglamento del SNAI es taxativo al señalar que solo su personal técnico puede desinstalar los equipos bajo orden judicial expresa. Este incumplimiento, sumado a la información de trazabilidad proporcionada por Daniel Salcedo, podría ser utilizado por la Fiscalía para solicitar medidas de prisión preventiva mucho más severas durante la audiencia de formulación de cargos en Quito.
Reacciones políticas y vigilancia ciudadana en Quito
Desde la bancada de Revolución Ciudadana, las voces de rechazo no han cesado, calificando la situación de Aquiles Álvarez como una afrenta a la democracia nacional. Asambleístas como Paola Cabezas y Raúl Chávez sostienen que se trata de una estrategia para silenciar a la oposición y desviar la atención de los problemas del país. Sin embargo, la mención de un vínculo con Daniel Salcedo obliga a los actores políticos a ser cautos frente a las pruebas de lavado de activos que podrían presentarse en las próximas horas.
En los exteriores del Complejo Judicial Norte, simpatizantes y medios de comunicación aguardan el inicio de la audiencia definitiva. El país se encuentra expectante ante el desenlace de esta jornada, donde la figura de Aquiles Álvarez se juega su libertad y su carrera política frente a un expediente que crece con cada testimonio. La verdad procesal determinará si las acusaciones de Salcedo tienen el peso suficiente para sostener una condena o si, como dice la defensa, todo es parte de un complejo tablero de ajedrez político.
