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La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez. También pidió el congelamiento de sus diferentes cuentas bancarias. Los hermanos y ocho personas más fueron detenidos la madrugada del martes 10 de febrero por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
La audiencia de formulación de cargos se instaló la madrugada del miércoles 11 de febrero. La Fiscalía indicó que la investigación apunta a una estructura criminal que instrumentalizó un entramado empresarial. Basada en 20 elementos de convicción, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para diez procesados y arresto domiciliario para uno de ellos, quien es adulto mayor.
La Fiscalía confirmó que no portaba el grillete
Antes de la detención, el alcalde presentó un pedido de licencia sin sueldo por quince días. El oficio fue recibido el lunes 9 de febrero a las 17h00. Durante el allanamiento, se constató que Alvarez no portaba el grillete electrónico del caso Triple A, sobre comercialización irregular de hidrocarburos. En un video grabado durante la detención es notorio que el alcalde de Guayaquil no tiene puesto el grillete en su pierna izquierda.
Álvarez durante la audiencia de calificación de flagrancia entregó diez documentos para probar arraigo. El abogado de Aquiles, Ramiro García dijo que los hechos son los mismos del caso Triple A con nuevo membrete. «Se nota que no tiene idea de comercialización de combustibles«, expresó.
La vicealcaldesa Tatiana Coronel cuestionó que la audiencia no fuera pública. Citó el artículo 168 de la Constitución y preguntó por qué se oculta lo que debe ser público, sugiriendo irregularidades en el proceso contra un perseguido político. Seguidores protestaron en el Cuartel Modelo y en la Fiscalía de la Merced, en Guayaquil, donde se congregaron cerca de las 14:00. Las fuerzas de seguridad custodiaron el lugar.
Debate ciudadano sobre el Caso Goleada
El caso Goleada ha puesto de relieve la situación judicial del alcalde de Guayaquil, principal ciudad del país. La solicitud de licencia previa a la detención y la relación con el caso Triple A proporcionan contexto importante al caso. La audiencia se realizó horas después del operativo. La Fiscalía busca garantizar el proceso con las medidas cautelares solicitadas.
La defensa rechaza las acusaciones y las califica como repetición de investigaciones anteriores. La población sigue de cerca los acontecimientos que afectan la administración municipal. Este desarrollo judicial tiene implicaciones para la gobernanza local en Guayaquil y genera debate sobre el sistema judicial en el país.
