• 4 minutos de lectura
La bancada de ADN (Acción Democrática Nacional) ha marcado una distancia definitiva respecto a la gestión de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. A través de un comunicado oficial emitido este 13 de febrero de 2026, los legisladores confirmaron que impulsarán la censura y posterior destitución del funcionario. La decisión se fundamenta en un análisis técnico que prioriza el respeto a la Constitución y la transparencia institucional.
Este movimiento político de la bancada de ADN respondería a una evaluación de los hechos, alejándose de cualquier tipo de cálculo partidista. Según el bloque legislativo, la justicia ecuatoriana no debe ser objeto de negociaciones bajo ninguna circunstancia. El objetivo principal es garantizar una fiscalización coherente que devuelva la confianza ciudadana en los procesos de control político que se ejecutan actualmente.
Informe motivado de fiscalización
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, junto a integrantes de la bancada de ADN, explicó los detalles del informe borrador. Este documento recomienda formalmente el inicio del juicio político contra Godoy por una causal específica: la manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus altas funciones. La sesión para resolver este informe ha sido convocada para la noche de este viernes.
Para la bancada de ADN, es vital aclarar que este proceso no se basa en los argumentos presentados anteriormente por otras organizaciones políticas. La recomendación de enjuiciamiento nace tras un análisis profundo de la prueba documental y el testimonio del Juez Anticorrupción, Carlos Serrano. Se busca que el Pleno de la Asamblea Nacional actúe bajo el rigor legal que exige el Código Orgánico de la Función Judicial.
Caso del juez Carlos Serrano
La columna vertebral de la acusación que sostiene la bancada de ADN se centra en el manejo institucional frente al caso del juez Carlos Serrano Lucero. Se cuestionan las acciones adoptadas por Mario Godoy para garantizar la seguridad e integridad física del magistrado tras su renuncia. La falta de respuestas efectivas ante estos hechos constituye, a criterio de la mesa legislativa, una falta grave en la administración judicial.
La bancada de ADN enfatiza que no se protege a ningún funcionario ni se utiliza el control político como un simple espectáculo mediático. Por el contrario, la fiscalización se ejerce cuando existen responsabilidades administrativas claras que afectan la institucionalidad. El enfoque se mantiene en la protección de los servidores judiciales que enfrentan riesgos en sus labores contra la corrupción.
Críticas a la oposición política
En su comunicado, la bancada de ADN lanzó duras críticas contra quienes hablan de «encubrimiento» sin tener autoridad moral para hacerlo. El oficialismo recordó que sectores como la Revolución Ciudadana blindaron políticamente a figuras como Wilman Terán, incluso estando vinculado al caso Metástasis. Para los legisladores de gobierno, no puede exigir transparencia quien practicó anteriormente un blindaje selectivo de exfuncionarios cuestionados.
La bancada de ADN sostiene que la lucha contra la impunidad no admite excepciones ni dobles discursos en el parlamento. Al rechazar los «falsos relatos» de la oposición, el bloque reafirma su compromiso con un proceso de fiscalización real y sin miedos. La intención es demostrar que la ética política debe prevalecer sobre los intereses de grupos que intentan diluir procesos de control.
Procedimiento en el Pleno Legislativo
Con el respaldo de la bancada de ADN, las posibilidades de que Mario Godoy sea absuelto se reducen drásticamente en el Pleno. Si se consolidan los votos del oficialismo junto a otras fuerzas políticas, la censura del presidente de la Judicatura podría ser casi unánime. El cumplimiento del numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico es la base jurídica que guiará la votación final de los asambleístas.
La bancada de ADN asegura actuar con la frente en alto y con un sustento técnico irrefutable. Aunque Godoy haya cumplido formalmente con ciertas tareas, el informe señala que no lo hizo a cabalidad, lo que justifica su salida. La decisión queda ahora en manos de la Asamblea Nacional, que deberá ratificar si existe la voluntad política para sancionar la inoperancia judicial.
