17 fallecidos desde inicio del mes – La Voz del Altiplano
15 de febrero de 2026 • 08:55

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Gabriela Yánez A.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó el fallecimiento de al menos 17 personas debido a las inundaciones que han azotado a Colombia desde que comenzó febrero y que todavía dejan graves consecuencias para los ciudadanos.

En total, más de 250.000 personas se han visto afectadas por las lluvias que cayeron sobre el territorio latinoamericano y se han contabilizado 18.000 viviendas con daños y hasta 4.000 completamente destruidas, a lo que hay que sumar graves destrozos en carreteras y puentes, según el informe de la UNGRD recogido por el diario El Tiempo.

Colombia enfrenta un frío atípico que provoca lluvias

La UNGRD continúa distribuyendo ayuda entre los damnificados, un total de 223 toneladas han sido destinadas solo en el departamento de Córdoba para aliviar las necesidades de las familias afectadas. Entre los productos suministrados se encuentran alimentos, artículos de higiene, agua, hamacas o sábanas.

«El frente frío atípico que atraviesa el país ha intensificado las lluvias y vientos, generando una emergencia nacional. El Gobierno responde con presencia en los territorios y ayudas para proteger a las familias afectadas», indicó la Presidencia de Colombia en un mensaje en redes sociales.

Otras infraestructuras como centros educativos, hospitales o centros comunitarios han sufrido las consecuencias de las lluvias y deben someterse a trabajos de reparación. La entidad gubernamental de emergencias cifra en más de 11.000 las hectáreas gravemente afectadas por el agua.

Petro pide una investigación

En este sentido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes a la Corte Constitucional levantar la suspensión temporal del decreto de emergencia económica y social para cubrir necesidades imprevisibles, como las derivadas de las inundaciones.

Igualmente, el mandatario solicitó una investigación para determinar el origen de esta emergencia climática, señalando que las compañías hidroeléctricas del país podrían haber incurrido en un «delito medioambiental».

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