Con la aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por parte de la Asamblea Nacional, con 77 votos, el 20 de febrero de 2026, la definición de gasto público en Ecuador ha cambiado para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Se trata de una reforma que reconfigura el núcleo financiero de municipios y prefecturas y desata un acalorado debate político.
La legislación aprobada, que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), impone una regla fiscal rígida a los gobiernos locales y provinciales. Establece que, del total del presupuesto anual, el 70% debe destinarse a inversión pública (infraestructura, agua potable, vialidad y servicios básicos) y apenas el 30% puede cubrir gasto corriente, como sueldos y administración.
El argumento oficialista pretende corregir distorsiones existentes en el manejo presupuestario. Sostiene que la mayoría de los gobiernos locales destina entre el 70% y el 80% de sus recursos a gasto corriente y a festividades, dejando de lado obras que impactan directamente en la calidad de vida. Según cifras oficiales, la inversión promedio de muchos GAD ha sido menor al 30% e incluso al 20% de su presupuesto, lo que se traduce en deficiencias en agua, saneamiento e infraestructura urbana.
La polémica radica en que esta regulación, más que establecer incentivos, impone límites que podrían interpretarse como una intromisión directa en la autonomía fiscal de las autoridades locales. La oposición, integrada por alcaldes y prefectos, advierte que la ley no solo afecta el gasto corriente necesario para la operatividad institucional, sino que también podría obligar a recortes en programas sociales y en educación.
En definitiva, esta ley de eficiencia del gasto podría ser legítima; sin embargo, su implementación debe balancearse cuidadosamente para evitar debilitar la capacidad operativa de los GAD y ampliar la brecha entre el centro y las regiones en tiempos de desafíos fiscales.
