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El Pleno de la Asamblea aprobó una reforma urgente enviada por el Ejecutivo el 26 de febrero de 2026, durante una sesión en Samborondón, con el objetivo de modernizar los sectores minero y energético.
La Asamblea Nacional aprobó este 26 de febrero de 2026 la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, con 77 votos. El proyecto llegó con carácter económico urgente, remitido por el presidente Daniel Noboa.
La votación se desarrolló durante la sesión instalada en la Universidad Ecotec. Los legisladores avalaron los artículos del 1 al 28, más disposiciones generales y una transitoria. El artículo 29 quedó pendiente. Según el Ejecutivo, la norma busca modernizar la gestión minera y energética, fortalecer la rectoría estatal y atraer inversión formal. Además, plantea combatir la minería ilegal, actualizar patentes y ajustar procesos administrativos para actividades extractivas y eléctricas.
Alcances en minería y energía
En minería, la reforma ajusta la ley vigente para precisar competencias institucionales y regular exploración y explotación. También incorpora incentivos para clústeres mineros y define áreas de interés estratégico. El objetivo oficial apunta a ordenar el sector y ampliar inversión formal.
En energía, el texto modifica la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Propone modernizar planificación, impulsar generación distribuida y facilitar el autoabastecimiento. El Ejecutivo sostiene que estos cambios darán seguridad jurídica y mayor eficiencia. Durante el debate, voceros del oficialismo señalaron que la norma no elimina controles ambientales. Afirmaron que reorganiza procedimientos para evitar vacíos legales y agilizar trámites, con impacto en recaudación por regalías y actividad energética.
Rechazo indígena y ambiental
Organizaciones indígenas y ambientales expresaron rechazo. La Conaie calificó la propuesta como un riesgo por el impacto ambiental y la consulta previa. Colectivos alertaron sobre menor fiscalización si se reemplazan licencias por autorizaciones. Un pronunciamiento difundido por estos grupos sostuvo que la reforma podría priorizar inversiones extractivas sin participación comunitaria real. También pidieron debate ampliado y garantías de control antes de su aplicación.
Desde la bancada ADN, se respondió que la ley mantiene la licencia ambiental. Indicaron que la reorganización reduce tiempos y mejora certeza legal, sin suprimir obligaciones vigentes. El Pleno deberá resolver en las próximas horas la votación del artículo 29, que genera divisiones por su impacto en la distribución de regalías eléctricas. La decisión definirá el alcance final de la reforma aprobada.
