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Esta madrugada, Fiscalía General del Estado y efectivos de la Policía Nacional del Ecuador ejecutaron un allanamiento en la sede del movimiento Revolución Ciudadana en Quito, en medio de una tensión política que ha reavivado el debate sobre la actuación de la justicia en el país.
El operativo, que se desarrolló en las primeras horas del sábado 28 de febrero, fue denunciado por dirigentes opositores como una maniobra para amedrentar y debilitar a la principal fuerza política de oposición al actual Gobierno. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial detallando los motivos del procedimiento ni los resultados obtenidos.
Correa: «Persecución sin límites»
Quien levantó la primera alarma fue el expresidente Rafael Correa, líder de facto del movimiento, a través de su cuenta en X, donde calificó lo ocurrido como una «persecución que no tiene límites». Correa difundió un video del ingreso de policías a la sede y cuestionó que, en lugar de combatir problemas como la inseguridad, el Estado esté empleando recursos para intervenir instalaciones de un partido político.
Por su parte, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, también se pronunció enérgicamente, afirmando que este tipo de acciones están destinadas a «continuar hostigando a una fuerza política» que se mantiene crítica del Gobierno de Daniel Noboa. Rivadeneira subrayó que mientras la ciudadanía demanda respuestas ante problemas de inseguridad, las autoridades parecen centrar sus esfuerzos en medidas contra la RC.
Críticas desde el movimiento y figuras afines
A la denuncia se sumó Paola Pabón, prefecta de Pichincha, quien calificó la intervención como parte de una «guerra judicial absurda» y aseguró que la justicia se está utilizando para distraer la atención pública de problemas que afectan directamente la gestión de gobierno.
La ex candidata presidencial Luisa González fue otra de las voces críticas. González aseguró que la Fiscalía llegó en horas inusuales a la sede e incluso llamó a su madre, una persona adulta mayor, para que estuviera presente, denunciando que este tipo de procedimientos parecen estar diseñados para generar impacto mediático y presión política.
El contexto del «Caso Caja Chica»
Este allanamiento se da exactamente un mes después de que la Fiscalía realizara diligencias similares en el marco de lo que se conoce como el Caso «Caja Chica», una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos que implicaría el ingreso de dinero ilícito desde el extranjero con supuestos vínculos al financiamiento de la campaña de la Revolución Ciudadana en las elecciones de 2023. En aquel entonces, las autoridades allanaron domicilios vinculados a figuras como González y el asambleísta Patricio Chávez.
Dirigentes del movimiento han rechazado las acusaciones y han señalado que estas acciones forman parte de una estrategia de desgaste político más que de una investigación imparcial basada en hechos sólidos.
Silencio oficial y expectativas políticas
Hasta el cierre de este reporte, las autoridades judiciales y gubernamentales no se han pronunciado oficialmente sobre los motivos específicos del allanamiento ocurrido esta madrugada en Quito, ni han detallado los resultados de la investigación.
Mientras tanto, la Revolución Ciudadana mantiene su posición de que estas actuaciones buscan intimidar a su militancia y debilitar su estructura política en un momento crucial del calendario electoral, en medio de un clima de polarización creciente.
