El Concejo Municipal de Guayaquil aprobó por unanimidad una resolución para demandar ante la Corte Constitucional del Ecuador las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), al considerar que la normativa vulnera la autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La decisión se adoptó durante una sesión encabezada por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, quien presidió el pleno del cabildo en medio de un debate sobre el impacto de la reforma aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador. En la reunión se anunció que la demanda incluirá la solicitud de medidas cautelares para suspender la aplicación de la norma mientras el máximo tribunal constitucional analiza su legalidad.
La reforma al COOTAD se publicó en el Registro Oficial el 23 de febrero de 2026 y forma parte de una ley que busca, según el Gobierno, mejorar la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos locales. Sin embargo, autoridades municipales y prefecturas han advertido que la normativa limita la capacidad de los municipios para decidir cómo usar sus recursos y ejecutar programas sociales.
En ese contexto, el concejal Arturo Escala presentó la moción que permitió aprobar la resolución del cabildo guayaquileño. El edil sostuvo que el pronunciamiento busca salvaguardar la autonomía municipal consagrada en la Constitución ecuatoriana y evitar que se debilite el proceso de descentralización establecido desde la Constitución de 2008.
Una reforma al COOTAD que genera polémica nacional
Las reformas al COOTAD han provocado una fuerte reacción de gobiernos locales en todo el país. La normativa establece, entre otros puntos, que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión en obra pública y servicios básicos, mientras que solo el 30 % podrá utilizarse para gasto corriente.
Según críticos de la reforma, esta redistribución obligatoria limita la autonomía de los municipios y condiciona su planificación financiera. Además, advierten que muchos programas sociales, culturales o educativos podrían verse afectados porque suelen financiarse con recursos que se clasifican como gasto corriente.
El caso de Guayaquil se suma a otras acciones legales impulsadas por autoridades locales. Por ejemplo, el Municipio de Quito presentó también una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para frenar la aplicación de la reforma, argumentando que la normativa afecta la seguridad jurídica y la autonomía administrativa del Distrito Metropolitano.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, incluso encabezó una movilización ciudadana hasta la sede de la Corte para entregar la acción legal. Según el funcionario, las reformas contradicen el principio constitucional que reconoce la autonomía de los gobiernos locales en materia política, administrativa y financiera.
Guayaquil advierte riesgos para programas sociales
Durante la sesión del Concejo Cantonal, varios ediles advirtieron que la reforma al COOTAD podría afectar directamente programas sociales financiados por el Municipio de Guayaquil.
La concejala Emily Vera explicó que la reducción de transferencias y las restricciones presupuestarias pondrían en riesgo iniciativas municipales dirigidas a la niñez, adultos mayores, educación y cultura.
La edil recordó que, solo en 2025, el Municipio entregó cerca de 390.000 textos educativos que beneficiaron a aproximadamente 82.000 estudiantes de la ciudad, un programa que representó un ahorro cercano a 10 millones de dólares para las familias guayaquileñas.
Además, el cabildo advirtió que la reforma podría afectar programas de desarrollo infantil, atención social, actividades deportivas y proyectos de emprendimiento que se ejecutan en distintos sectores del cantón.
Las autoridades municipales sostienen que estas iniciativas forman parte de la política social local y responden a necesidades específicas de la población, por lo que limitar su financiamiento implicaría un retroceso en la descentralización administrativa.
Debate sobre autonomía y descentralización en Ecuador
La discusión sobre las reformas al COOTAD se ha convertido en uno de los principales debates políticos entre el Gobierno central y los gobiernos locales.
Desde la perspectiva de alcaldes y prefectos, la normativa impone restricciones que reducen su capacidad de decisión sobre el uso de los recursos públicos. Según ellos, la descentralización implica precisamente que los municipios tengan libertad para definir sus prioridades de inversión según la realidad de cada territorio.
En contraste, sectores del oficialismo defienden la reforma al considerar que busca ordenar el gasto público y asegurar que la mayor parte del presupuesto municipal se destine a obras y servicios básicos.
El debate no es nuevo. Desde 2025, la Asociación de Municipalidades del Ecuador ya había expresado preocupación por cambios propuestos al COOTAD y pidió que cualquier modificación se discuta con mayor participación de los gobiernos locales.
De hecho, varios movimientos políticos y autoridades seccionales han anunciado acciones legales similares ante la Corte Constitucional, por lo que el número de demandas contra la reforma continúa aumentando.
El camino legal que seguirá la demanda
La demanda que presentará el Municipio de Guayaquil ante la Corte Constitucional incluirá la solicitud de medidas cautelares. Con esta acción, el cabildo busca suspender la aplicación de los artículos reformados mientras los jueces constitucionales analizan si la normativa respeta o no los principios de la Constitución.
La resolución aprobada por el Concejo Municipal también exhorta a la Asamblea Nacional a respetar el marco constitucional y garantizar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados.
Asimismo, el documento dispone que la Secretaría General del Concejo notifique formalmente el pronunciamiento a la Presidencia de la República, al Legislativo y a las instituciones competentes.
La Corte Constitucional deberá evaluar si la reforma al COOTAD vulnera el principio de autonomía territorial establecido en la Carta Magna. Dependiendo del fallo, la norma podría mantenerse vigente, modificarse parcialmente o incluso ser declarada inconstitucional.
Designaciones en empresas municipales durante la misma sesión
En la misma sesión del Concejo Municipal también se aprobaron nuevas designaciones para los directorios de entidades adscritas al Municipio.
Para el directorio de la empresa pública de agua potable EMAPAG EP fue designada Emilene Aguayo Barba, licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Ciencias Políticas, con trayectoria como docente y activista ambiental.
Aguayo ha participado en proyectos comunitarios y actualmente se desempeña como gerente de proyectos sociales en la empresa pública municipal DASE EP.
Por su parte, el Concejo designó al arquitecto Luis Alfonso Saltos como integrante del directorio de SEGURA EP. Saltos cuenta con una maestría en planificación urbana y experiencia en políticas públicas, desarrollo territorial y proyectos vinculados al desarrollo sostenible.
