• 2 minutos de lectura
El abogado Ramiro García, representante legal de Aquiles Alvarez, cuestionó el traslado de su cliente hacia el penal de máxima seguridad. Según el jurista, esta acción judicial se ejecutó justo después de iniciada la audiencia de juzgamiento dentro del denominado Caso Triple A.
La defensa sostiene que el alcalde permanecerá totalmente aislado y sin posibilidad de contacto directo con sus propios abogados particulares. Esta situación representaría una violación flagrante a las garantías básicas de cualquier procesado dentro del sistema de justicia de la República ecuatoriana. El traslado se dio a conocer inicialmente por publicaciones de medios digitales y redes sociales de carácter informativo nacional actual.
Denuncias de aislamiento e incomunicación total
Ramiro García enfatizó que el equipo legal no ha recibido ninguna notificación formal sobre el operativo de seguridad realizado en Santa Elena. Por lo tanto, la defensa califica este movimiento como una forma de secuestro disfrazado bajo la narrativa de un estricto operativo policial.
Además, el abogado señaló que la opacidad institucional en torno al paradero exacto de Alvarez genera una profunda incertidumbre jurídica y familiares directos. Las autoridades penitenciarias no han justificado técnicamente por qué se decidió trasladar al procesado durante el desarrollo de una audiencia de juzgamiento.
Por ende, los juristas consideran que estas acciones buscan amedrentar al funcionario y debilitar su postura legal frente a la Fiscalía General estatal. La defensa insiste en que todo procesado debe contar con las facilidades mínimas para entrevistarse con sus asesores de manera libre y privada. Esta denuncia pública añade una nueva capa de tensión política a la ya compleja situación del alcalde investigado penalmente.
Investigaciones del Caso Triple A y Goleada
El Caso Triple A investiga un presunto esquema de tráfico ilegal de combustibles que habría generado millonarios perjuicios económicos al Estado del Ecuador. Según la Fiscalía, existiría un desvío irregular de hidrocarburos subsidiados a través de comercializadoras vinculadas directamente con el entorno del citado alcalde guayaquileño.
Sin embargo, la defensa técnica argumenta que estas acusaciones carecen de sustento probatorio y que se respete la presunción de inocencia inicial. Asimismo, Alvarez enfrenta una segunda orden de prisión preventiva por el Caso Goleada, donde se analiza un presunto lavado de activos. Ambas investigaciones avanzan en el Complejo Judicial Norte mientras el procesado permanece custodiado en la provincia de Santa Elena hoy.
La situación jurídica del alcalde se complica tras la revocatoria de las medidas alternativas por el presunto incumplimiento del dispositivo de vigilancia. No obstante, sus abogados aseguran que el retiro del grillete en 33 ocasiones responde a fallas técnicas del aparato electrónico oficial.
