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El 11 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la ejecución de una suspensión de nueve meses contra el movimiento Revolución Ciudadana (lista 5), tras una medida cautelar del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dictada por el juez Joaquín Viteri. La sanción surge de una denuncia del fiscal subrogante Leonardo Alarcón dentro de la investigación conocida como caso «Caja Chica», lo que limita funciones internas del movimiento y dificulta su participación en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana previstas para febrero de 2027.
Suspensión limita funciones electorales
La sanción administrativa impide que la organización política cumpla funciones establecidas en el Código de la Democracia, normativa que regula la actividad de partidos y movimientos en Ecuador. Entre las funciones obligatorias se encuentran la organización interna, el cumplimiento de normas electorales y la selección de candidaturas. La suspensión afecta especialmente la capacidad de nominar candidatos, una de las atribuciones clave durante los procesos electorales.
De acuerdo con el calendario electoral del CNE, el 29 de junio de 2026 se definirá qué organizaciones podrán registrar candidaturas. Luego, el 31 de agosto de 2026 comenzará la recepción oficial de precandidaturas para alcaldías, prefecturas y concejalías. La suspensión de nueve meses coincide con esas fechas del proceso electoral. Por ese motivo, la organización política enfrentaría dificultades legales para registrar aspirantes dentro de los plazos previstos.
Posibles alianzas y obstáculos legales
Frente a este escenario, la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, afirmó que la organización buscará mecanismos para mantener presencia en los comicios. «Estaremos en la papeleta», señaló Rivadeneira tras conocerse la confirmación de la sanción administrativa. Una de las alternativas mencionadas dentro del movimiento es la posibilidad de alianzas con otras organizaciones políticas. Este mecanismo permitiría respaldar candidaturas bajo otras estructuras partidistas.
Sin embargo, el Código de la Democracia establece que los militantes que deseen postularse por otra organización deben renunciar a su afiliación al menos 90 días antes de la inscripción de candidaturas. Ese requisito complica las estrategias políticas que podrían utilizarse para mantener presencia en las elecciones seccionales. También genera incertidumbre sobre el proceso interno de selección de aspirantes.
Decisiones judiciales paralelas
Mientras se ejecuta la suspensión, el movimiento obtuvo un resultado favorable en otro proceso electoral. La jueza del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma, declaró la prescripción de dos de cuatro denuncias por presuntas infracciones electorales graves que habían sido presentadas por el CNE. La magistrada determinó que las denuncias fueron presentadas fuera del plazo legal de dos años que establece la normativa electoral.
En uno de los casos analizados, el movimiento entregó informes al organismo electoral el 17 de noviembre de 2023, pero la denuncia se presentó el 19 de noviembre de 2025. Ese retraso superó el límite legal para iniciar el proceso sancionatorio. Por esa razón, el tribunal declaró la prescripción de la causa.
Estrategia jurídica en curso
La defensa legal del movimiento anunció nuevas acciones judiciales para enfrentar la suspensión. El equipo jurídico, encabezado por Gustavo Jalkh, prepara recursos legales dirigidos a revisar la admisión del proceso relacionado con el caso «Caja Chica».
Según la defensa, se presentarán recursos de nulidad y revocatoria ante las instancias correspondientes. El objetivo es revertir la sanción administrativa que actualmente impide el cumplimiento de funciones partidarias durante el proceso electoral previo a los comicios de 2027.
