• 2 minutos de lectura
El Juez de Garantías Penales de Riobamba dictó auto de llamamiento a juicio contra Blanca Beatriz D. G. y Daicy Fernanda V. D., madre e hija, por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tras acoger el dictamen acusatorio de la Fiscalía General del Estado.
Operativo y aprehensión de madre e hija
El caso se remonta a la noche del 14 de octubre de 2025, cuando personal del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Policía Nacional realizaba patrullajes preventivos en la ciudad de Riobamba.
Durante el operativo, los agentes detuvieron la marcha de un taxi en las calles 9 de Julio y Duchicela, donde viajaban las ahora procesadas en calidad de usuarias.
Al efectuar el registro personal, se encontraron 497 gramos de marihuana y 47 gramos de cocaína, lo que motivó la inmediata aprehensión de ambas mujeres.
Elementos presentados por Fiscalía
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscal del caso, perteneciente a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), presentó varios elementos de convicción.
Entre las pruebas constan el parte de aprehensión, el informe de novedades, el acta de verificación y pesaje de las sustancias, así como las versiones de las procesadas.
Toda la evidencia fue ingresada bajo cadena de custodia por personal de la Policía Antinarcóticos, lo que permitió sustentar el dictamen acusatorio ante la autoridad judicial.
Decisión judicial y situación legal
El juez que conoció la causa resolvió acoger el dictamen de Fiscalía y dictó el auto de llamamiento a juicio, con lo cual el proceso pasa a la siguiente etapa judicial.
Asimismo, se dispuso la ratificación de la prisión preventiva para ambas procesadas, como medida cautelar durante el desarrollo del proceso.
Las autoridades consideran que existen elementos suficientes que presumen la participación de las acusadas en el delito investigado.
Base legal del caso
El proceso se sustenta en el artículo 220, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
La normativa establece penas de 5 a 7 años de privación de libertad para casos de mediana escala, y de 19 a 22 años cuando se trata de alta escala, dependiendo de la cantidad y circunstancias.
El caso continuará en la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad penal de las procesadas.
