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La reciente aprobación de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que impone la regla fiscal 70/30, ha generado una serie de reacciones y planes de acción en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país. En Manta, la alcaldesa Marciana Valdivieso se refirió a la medida, impulsada por el Gobierno Nacional con el fin de priorizar la obra pública, reconociendo el impacto potencial pero asegurando una postura proactiva.
La reforma exige a los GAD destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión (obras, mantenimiento y reposición de infraestructura) y limitar el gasto corriente al 30 %. Esta aplicación será progresiva: 65 % en 2026, 68 % en 2027 y el 70 % definitivo a partir de 2028.
Cooperación internacional como aliada
Aunque Manta ya cumple con la ecuación 70-30 en las transferencias que recibe del Estado central, la alcaldesa Valdivieso reconoció que la reforma podría reestructurar la clasificación de ciertos rubros, impactando directamente en la acción social del cabildo.
«Se ha quedado la situación en el municipio y se va a ver afectaciones en otros municipios», señaló la máxima autoridad cantonal. Y añadió: «Podría haberse afectado todo el accionar social», destacando que la norma ha sembrado inquietud en varios GAD por posibles recortes en programas sociales, salarios y servicios.
Sin embargo, Valdivieso transforma la preocupación en acción: «Para mí no es una preocupación, para mí es una ocupación». Bajo esta premisa, la semana pasada realizó gestiones en Quito y Cuenca, enfocadas en fortalecer las alianzas con organismos de cooperación internacional.
«Me pude reunir con una gran mayoría de la cooperación internacional trasladándoles estas novedades que existen a nivel nacional», indicó. Entre las entidades con las que mantuvo encuentros figuran la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), Grupo Faro, agencias especializadas de Naciones Unidas, el PMA (Programa Mundial de Alimentos), UNICEF y ONU Hábitat.
Estos contactos buscan blindar los programas sociales a través de alianzas externas. La alcaldesa destacó que su aporte voluntario a la OIM permitirá a esta organización entregar un informe a la ONU, un paso que «permite seguir fortaleciendo la cooperación internacional».
Como ejemplos concretos, se mencionó la continuidad de comidas escolares con el PMA, la atención a la niñez con UNICEF, el fortalecimiento del Centro de Desarrollo Comunitario y la Casa de la Mujer con OIM, y el acceso a recursos de ONU Hábitat para la integración de la población migrante local, un reconocimiento a Manta como «ciudad incluyente, comunidad solidaria».
Empleados anticipan un escenario «crítico»
En contraste con la visión proactiva de la Alcaldía, el frente laboral en el municipio expresa una seria preocupación. Oscar Vinces, representante de la Asociación de Empleados del Municipio de Manta, que agrupa a 256 trabajadores, advirtió que la limitación del gasto corriente traerá consecuencias laborales.
«Lo que se viene es una situación bien crítica, porque el hecho de que el gasto corriente se limite puede traer algunas consecuencias que estamos analizando en lo jurídico», indicó Vinces, al referirse a la Ley 70/30.
El representante teme que la aplicación de la norma «va a tener algún perjuicio para nuestros trabajadores. Seguro habrá restricción de mano de obra, y va a causarnos un sinnúmero de inconvenientes a nivel laboral», expresó.
Sobre la Ley 70/30, el análisis del gremio es categórico: «En los compañeros bajo la LOSEP hay preocupación, porque seguro va a haber reducción de personal. Eso es prácticamente un hecho». Los más afectados serían los que están bajo contrato ocasional y, principalmente, los que mantienen nombramiento provisional, un grupo que suma unos 110 compañeros, algunos con hasta 11 años bajo esta modalidad. No obstante, Vinces recuerda que la ley ampara a los provisionales: «mientras no haya un concurso de mérito y posición, no pueden ser cesados».
Sin despidos ni recortes por ahora
Pese a las alertas, la alcaldesa Valdivieso mantiene la calma y la planificación. «Realmente no he contemplado despidos ni recortes de personal», afirmó, indicando que la ley aún está en evaluación por parte de la Corte Constitucional, por lo que «uno tiene que vivir el día a día».
La alcaldesa reiteró que la cooperación internacional será el pilar para mitigar los posibles impactos presupuestarios y garantizar que los programas sociales esenciales no se detengan en Manta.
