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La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 26 años de prisión contra Jazmani L. y Jonathan O., declarados culpables del asesinato de cuatro personas en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, en marzo de 2025.
Un año del asesinato múltiple
El hecho investigado ocurrió el 27 de marzo de 2025 en el sector San Camilo Chiquito, donde un grupo de personas que se movilizaba en motocicletas llegó hasta dos viviendas y disparó contra los ocupantes.
Como resultado del ataque, fallecieron tres hombres y una mujer, según la información presentada por Fiscalía durante el proceso judicial.
Tras el suceso, la Policía Nacional ejecutó un operativo de búsqueda basado en la información proporcionada por testigos.
Aprehensión y proceso judicial
Horas después del ataque, las autoridades ubicaron a tres personas que coincidían con las características descritas, procediendo a su aprehensión.
Durante la audiencia de juzgamiento, el Fiscal del caso presentó diversos elementos de prueba que sustentaron la responsabilidad de los sentenciados.
Entre ellos constan testimonios de familiares y testigos presenciales, así como de los agentes que participaron en el operativo de captura.
Pruebas presentadas en audiencia
Como parte del proceso, se incorporó una pericia de extracción de información de cámaras de seguridad, en la que se identificó a los ahora sentenciados durante su fuga.
También se presentaron las actas de levantamiento de los cuerpos y los resultados de las autopsias, que determinaron que las víctimas fallecieron por impactos de bala.
En esta causa, para una tercera persona procesada se ratificó el estado de inocencia, al no encontrarse elementos suficientes que sustenten su participación.
Reparación integral y sanción económica
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal dispuso el pago de una multa.
Como parte de la reparación integral, cada uno de los sentenciados deberá cancelar el equivalente a 100 salarios básicos unificados en favor de los familiares de las víctimas.
Base legal del caso
El delito fue procesado conforme al artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el asesinato con penas de 22 a 26 años de prisión.
La sentencia impuesta corresponde al máximo establecido en la normativa vigente.
