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La exlegisladora Priscila Schettini denunció en 2026 que la Asamblea Nacional del Ecuador entregó información pública solo tras una notificación judicial, en Quito, en medio de su proceso para retomar funciones legislativas.
Entrega de información tras acción judicial
Schettini afirmó que los documentos solicitados llegaron luego de que una jueza fijó fecha para una audiencia de acceso a información pública. El caso surge de su pedido de datos sobre su reingreso al Legislativo.
«Hoy se iba a llevar a cabo la audiencia de acceso a la información pública… pero una vez que la jueza notificó con la fecha de la audiencia, la Asamblea nos entregó la documentación», declaró Schettini. La exlegisladora cuestionó que el acceso a información pública requiera procesos judiciales. Según dijo, los documentos solicitados son de carácter público y debieron entregarse sin acciones legales.
Información incompleta y nueva demanda
Schettini indicó que existe una segunda demanda en curso debido a que la información recibida estaría incompleta. Aseguró que aún faltan documentos clave para su proceso. «Tenemos una segunda demanda… nos entregó la información pero incompleta», sostuvo. Además, señaló que la entrega podría completarse cuando se acerque una nueva audiencia judicial.
La exlegisladora presentó el desistimiento de la primera demanda tras recibir los documentos. Sin embargo, el juez dispuso que acuda a un reconocimiento de firma y rúbrica. La diligencia se fijó a la misma hora de la audiencia inicial. La defensa de Schettini denunció restricciones dentro del edificio legislativo. Su abogada, Angélica Porras, afirmó que existen limitaciones para ingresar a ciertas áreas.
«Tenemos prohibido el ingreso a las instalaciones de la Secretaría General… no podemos pasar del primer piso», indicó. Añadió que deben permanecer acompañadas por personal de seguridad. Según Porras, estas condiciones implican un trato diferenciado. También afirmó que se han cumplido 30 días desde la solicitud de reingreso sin una respuesta definitiva.
Señalamientos de posible violencia política
La abogada calificó las restricciones como actos de discriminación. Señaló que podrían constituir violencia política de género, lo que derivaría en nuevas acciones legales. «Es un acto más de violencia política de género en contra de Priscila y mía… cuestiones que serán debidamente judicializadas», afirmó Porras.
Además, cuestionó que autoridades legislativas consulten al Procuraduría General del Estado del Ecuador antes de resolver el caso. A su criterio, esta medida retrasa el proceso. En mayo de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador sancionó a Schettini por un caso de violencia política de género impulsado por Diana Salazar. La decisión incluyó una multa de 50 salarios básicos y la suspensión de derechos políticos por tres años.
Esta sanción impidió que asumiera su curul el 14 de mayo de 2025. Su puesto fue ocupado por su suplente, Santiago Díaz Asque. El caso se reactivó tras conocerse que Díaz enfrenta un proceso judicial por una presunta violación. Esto reabre el debate sobre la titularidad del escaño. Schettini sostiene que recuperó sus derechos el 10 de febrero de 2026. Para respaldar su pedido, presentó un certificado del Ministerio del Trabajo que acredita el levantamiento de su impedimento para ejercer cargo público.
