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El movimiento Unidad Popular denunció este miércoles 25 de marzo de 2026 un presunto intento del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cancelar su registro en Quito, mediante un informe que cuestiona sus afiliaciones, lo que, según la organización, responde a decisiones políticas.
El escenario político en Ecuador se tensiona ante la sesión ordinaria No. 015 del CNE, convocada para las 17:00, donde se prevé tratar informes técnicos y jurídicos sobre organizaciones políticas. Según Unidad Popular, uno de estos documentos buscaría desconocer 175 000 afiliaciones de un total de 206 000 registradas, lo que pondría en riesgo su permanencia en el registro electoral.
El movimiento sostiene que el informe plantea excluir afiliaciones provenientes del antiguo Movimiento Popular Democrático (MPD), organización que se integró en procesos anteriores. Desde su perspectiva, esta medida carece de sustento técnico y responde a una decisión selectiva. Además, la dirigencia afirma que la propuesta se enfoca en organizaciones críticas al gobierno del presidente Daniel Noboa, lo que, según su postura, agrava la tensión en el ámbito político nacional.
Cuestionamientos al informe
Sebastián Cevallos, subdirector nacional de Unidad Popular, cuestionó la validez del documento que será analizado por el pleno del organismo electoral. El dirigente señaló que el informe no cuenta con la firma del titular de la Dirección Jurídica.
«Es una cuestión risible. Hace apenas unos meses participamos en la consulta popular y en las elecciones nacionales porque cumplíamos todos los requisitos. ¿Quieren demostrarnos que desde noviembre hasta acá hay 170 000 desafiliados? Le están mintiendo al país», afirmó Cevallos. El representante también aseguró que esta situación forma parte de un contexto más amplio. En su criterio, existe presión sobre autoridades locales en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, lo que describió como un proceso de «amedrentamiento democrático».
Convocatoria y acciones legales
Unidad Popular emitió un comunicado en el que exhorta a los consejeros Enrique Pita, José Cabrera, Elena Nájera y Esthela Acero a actuar con independencia. El movimiento solicita que se rechace el informe, al que califica como carente de sustento técnico. La organización también anunció que utilizará todos los mecanismos legales disponibles. Entre ellos constan apelaciones dentro del propio CNE y recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Como parte de sus acciones, convocó a una «Marcha Nacional por la Democracia» para el 1 de abril, con destino a la sede del organismo electoral en Quito. La movilización busca visibilizar su postura frente al proceso en curso. «Vamos a participar en las elecciones de 2027 porque la razón no pide fuerza», declaró Cevallos, al reiterar la intención del movimiento de mantenerse en la contienda electoral.
Contexto electoral y seguimiento
El tratamiento de este informe ocurre en un momento clave del calendario político. Las decisiones del CNE inciden directamente en la participación de organizaciones en futuros procesos electorales. El análisis de afiliaciones constituye un requisito central para la permanencia de los movimientos en el registro oficial. Por ello, el resultado de la sesión prevista podría marcar un precedente en la regulación de organizaciones políticas en Ecuador.
El desarrollo de la sesión y sus resoluciones serán determinantes para definir la situación jurídica de Unidad Popular dentro del sistema electoral vigente.
