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La Asamblea Legislativa de El Salvador dio luz verde a una modificación clave en su marco penal juvenil.
Con una amplia mayoría, el pleno aprobó el 26 de marzo de 2026 una reforma que introduce la posibilidad de aplicar prisión perpetua a menores de edad involucrados en delitos considerados de alta gravedad, como homicidio, violación y actos vinculados a estructuras terroristas.
La decisión fue respaldada por 57 de los 60 legisladores, en una jornada caracterizada por la rapidez en el tratamiento del tema.
Según el texto aprobado, la modificación al artículo 8 de la Ley Penal Juvenil incorpora de forma explícita la pena de prisión perpetua para adolescentes que incurran en estos delitos.
Alcance de la reforma y sustento legal
La nueva disposición se enmarca dentro de un paquete de cambios más amplio en el sistema jurídico salvadoreño.
En paralelo, se ajustaron normas del Código Procesal Penal, la Ley Contra Actos de Terrorismo y la legislación orientada a prevenir la violencia contra las mujeres.
El sustento de esta medida radica en una enmienda previa a la Constitución que habilita la cadena perpetua como sanción exclusiva para delitos graves. Además, dicha reforma permitió modificar la Carta Magna dentro de una misma legislatura, reduciendo los tiempos habituales del proceso de aprobación y ratificación.
Revisión de condenas y debate internacional
Para responder a posibles cuestionamientos, el Legislativo incluyó en el artículo 15 un mecanismo de revisión de las condenas.
Este contempla evaluaciones periódicas de la pena, con el objetivo de mantener alineación con estándares internacionales en materia de justicia juvenil y derechos humanos.
Desde el oficialismo se sostiene que este sistema de revisión garantiza un equilibrio entre sanción y control legal. Sin embargo, el tema genera atención en organismos internacionales, que históricamente han cuestionado la aplicación de penas extremas a menores de edad.
Entrada en vigencia y antecedentes
La normativa entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Con ello, el país consolida una política de seguridad que ha priorizado el endurecimiento de penas en respuesta al accionar de pandillas y otros grupos criminales.
Este cambio se suma a una serie de medidas adoptadas en los últimos años en El Salvador, orientadas a reforzar el control del delito.
